Esta es la segunda vez que se suspende la audiencia en el que se la iba a escuchar a la jueza destituida.
Irún había sido denunciada por prevaricato, tras firmar una resolución donde transfería 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco, estando con permiso de maternidad.
Justamente, el haber tomado esa determinación le costó el puesto en el Juzgado.
INVESTIGACIÓN. La fiscala Natalia Fúster citó ya en dos ocasiones este diciembre a la ex jueza, para tomarle su declaración indagatoria.
Hasta el momento, tampoco fue imputada.
El abogado del denunciante, Osvaldo Bittar, confirmó que la audiencia fijada para el 7 de diciembre pasado fue suspendida, porque “luego de haber sido destituida por el JEM se fue de vacaciones a Cancún”.
En cuanto a la audiencia de ayer, supuestamente confundió la fecha, ya que según su abogado, creían que estaba fijada para el 30 de diciembre, por lo que no se presentó.
La magistrada fue denunciada ante la Fiscalía por prevaricato y por hechos punibles sobre cumplimiento de contrato y escritura, ya que teniendo permiso por maternidad hasta enero del 2019, ella dos meses antes solicitó a la Corte que se deje sin efecto esa licencia y fue a firmar la resolución de transferencia.
Si bien ya el 23 de noviembre del 2018 se resolvió otorgarle el levantamiento del permiso, recién el 28 de ese mes la notificaron; pero de igual forma, ese 23 ya subió al sistema informático la resolución de transferencia.
DESTiTuIDA. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) removió a Irún luego de una investigación. La decisión fue por mayoría, fundamentando que ella violó la Ley de Seguridad Fronteriza.
Al dictar la determinación, los miembros del Jurado recordaron que las tierras que cedió pertenecían a la Asociación Espíritu Santo (Secta Moon). Estas fueron transferidas a empresas que habrían dado un crédito de USD 15 millones a la asociación.
Según Jorge Bogarín, no se verificaron que los inmuebles están dentro de la Ley de Seguridad Fronteriza, por lo que consideró como una oscura y burda actuación judicial