En las planillas de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), pudimos observar el caso de la funcionaria Diana Alejandra Larré Franco, quien está comisionada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero curiosamente sigue figurando y cobrando en la AGPE como permanente, a diferencia de otros funcionarios que sí figuran y cobran como comisionados.
Para ilustrar la situación, Larré cobró en la AGPE en noviembre del 2014 G. 6.132.792, incluidos bonificación por gestión presupuestaria, subsidio familiar y sueldo, y en diciembre con el aguinaldo cobró G. 9.449.292. En el MOPC, en noviembre del 2014 cobró en total G. 1.969.240 y en diciembre G. 4.779.243. En total, en estos dos meses cobró del Estado G. 22.330.567.
Desde este año, sigue figurando como permanente en la AGPE y su sueldo pasó de G. 3.516.500 a G. 4.537.500, quedando oculto su rubro 133, de bonificación por gestión presupuestaria, ya que la nueva matriz le sumó directamente el beneficio que recibía irregularmente. La AGPE, en este caso, viola la ley de transparencia y además la Ley Nº 700/96 que regula la prohibición constitucional de la doble remuneración.
PRIVILEGIOS. La opinión de funcionarios del Estado fue que la esperada matriz salarial terminó en afortunados y perjudicados, y en este primer grupo podemos encontrar a los privilegiados que ingresaron como auditores de la AGPE sin presentar título universitario (requisito excluyente), María Benita Miranda Rozzano y Víctor Vera Coluchi.
Miranda pasó a ganar de G. 3.201.700 a G. 4.653.800, según las planillas de sueldos de los años 2014 y 2015, y Vera pasó a ganar de G. 2.803.500 a G. 4.120.400, igual remuneración que funcionarios con título y hasta más beneficios. Recordemos que ÚH realizó la denuncia en su momento y la Función Pública negó el derecho a la información sobre el dictamen del caso.