La denuncia contra la pareja menciona lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes. En cuanto a la hija, la involucran por los dos primeros hechos.
PIDEN INVESTIGACIÓN. Bareiro había denunciado que fueron varios los intentos por cobrar el monto total de la obra en la vivienda ubicada en la ciudad de Lambaré, pero que ella terminó siendo denunciada por la pareja.
La profesional representa a la empresa constructora Rehobot, que tuvo varios contratos de construcción y remodelación que se hicieron desde marzo del 2022 en la casa del ex legislador y su esposa Carolina González, concejala de Lambaré.
El presupuesto total de todas las mejoras y refacciones dentro de la vivienda alcanzaron un monto total de G. 1.366 millones.
Hubo montos que no se pagaron, por lo que desde la constructora reclamaron insistentemente, hasta que, el 19 de enero del 2024, la firma Rehobot remitió un telegrama colacionado al matrimonio, emplazando el pago que adeudaba.
La reacción de Arévalo y su esposa fue una denuncia por estafa, asociación y actividades peligrosas en la construcción, en contra de la empresa en febrero del 2024.
La causa corrió, pero luego la concejala Carolina González recusó a todos los fiscales de Lambaré y se le designó a la agente Sandra Ledesma, quien –según la denuncia– se prestó al juego y los acusó.
La fiscala Yrides Ávila tomó la denuncia de la arquitecta y ahora prosiguen las investigaciones en contra del ex diputado, su esposa, la fiscala y ahora la hija.
El caso saltó a luz luego de que se haya descubierto que Arévalo habría mediado en investigaciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“El costo de la mansión fue solventado con dinero sucio, proveniente de sobornos, coimas y aprietes desde el JEM”, dice la denuncia.
PIDEN INFORMES. Con relación a la hija, se pidió librar oficios a varias instituciones, como Registros Públicos, del Automotor, y a la Dirección de Ingresos Tributarios (DNIT).
También pidió solicitar informes a la Superintendencia de Bancos, al Incoop y Seprelad.
