EFE
Buenos Aires
La relación entre el gobierno argentino y la Iglesia Católica local volvió a tensarse en las últimas horas, a raíz de un cruce de declaraciones entre el presidente Néstor Kirchner y el cardenal primado del país.
“No siento que sea una colisión”, señaló el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en un intento por restarle trascendencia a las manifestaciones contrapuestas que hicieron Kirchner y el arzobispo Jorge Bergoglio.
“La Iglesia fue, es y será perseguida”, sostuvo Bergoglio durante la misa de apertura de la asamblea plenaria del Episcopado, que delibera hasta el sábado en las afueras de Buenos Aires con la presencia de un centenar de obispos de todo el país.
Aunque en su homilía no aludió directamente al gobierno, el cardenal habló de métodos de “persecución” contra la Iglesia, como “la desinformación, la difamación y la calumnia”, además de instar a los prelados a “no ceder al miedo de dar testimonio”.
NUEVA POLÉMICA. “Nosotros estamos dispuestos a poner una mejilla, otra mejilla, el corazón y la espalda, siempre. Realmente es fácil decirlo y difícil hacerlo (...) A veces ni quienes predican el Evangelio lo hacen”, dijo prácticamente en simultáneo Kirchner en un acto en la Casa de Gobierno.
“Yo no tengo la estatura intelectual ni el conocimiento del dogma como para poder refutar lo que dice el cardenal primado de Argentina”, manifestó Aníbal Fernández al ser consultado sobre las palabras de Bergoglio.
Kirchner ha polemizado con la Iglesia en reiteradas ocasiones desde que llegó a la presidencia en el 2003 y, según la prensa local, en las últimas semanas la relación volvió a tensarse por la renuencia del gobierno a mantener un diálogo con la jerarquía católica.
El jefe de Estado ha acusado a sectores de la Iglesia de haber sido cómplices de la represión ilegal ejercida por la última dictadura militar (1976-1983).
En 2005 una controversia entre el entonces obispo castrense, Antonio Baseotto, y el ministro de Salud, Ginés González García, generó tensión entre Argentina y El Vaticano, que se negó a sustituir al religioso, tal como había pedido el gobierno de Kirchner.