Ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), como tampoco el Banco Central del Paraguay (BCP), la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público o la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se percataron de los millonarios movimientos que realizaba Ramón González Daher en el sistema financiero, otorgando préstamos por casi 20 años.
La Fiscalía recién se percató de estos movimientos millonarios en noviembre del 2019, poco después de que el hermano de Ramón, el senador colorado Óscar González Daher, haya perdido su curul en el Congreso Nacional y su influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), involucrado en supuestos tráficos de influencias en el caso audios filtrados del JEM.
Por su parte, el julio del presente año, la SET le cobró a RGD G. 42.316 millones, de los cuales G. 39.549 millones corresponden a la deuda reconocida por el procesado, en un proceso abreviado, y el resto es por mora.
La pérdida de investidura de OGD generó la caída del clan González Daher, que perdió fuerza tanto en el sistema judicial como en la política.
Durante el juicio contra Ramón, se pudo comprobar que el ex dirigente deportivo realizaba millonarios préstamos de sumas exorbitantes como 17 y 10 millones de dólares sin que los organismos del Estado encargados del control del lavado de dinero se dieran por enterados.
El Ministerio Público también debe esclarecer las actuaciones de los titulares administradores de estas entidades de control para identificar sus responsabilidades.
