El primer caso está relacionado al sonado episodio de la senadora liberal llanista María Eugenia Bajac y la diputada colorada cartista Del Pilar Medina, quienes viajaron a Lima, Perú, con un grupo de personas entre el 13 y 16 de marzo para participar de un congreso religioso, violando las primeras restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno desde el día 11. Tras su regreso y a sabiendas de que un miembro de la delegación ya había dado positivo al Covid-19, no respetaron el aislamiento obligatorio y concurrieron a diversos lugares, en donde tuvieron contacto con varias personas a las que pudieron haber contagiado.
La asistencia de la senadora Bajac a la sesión de la Cámara Alta del 1 de abril, el mismo día en que un estudio que se le practicó el día anterior dio positivo al coronavirus, obligó a clausurar el edificio del Congreso y a disponer que todos quienes estuvieron en contacto con ella deban guardar cuarentena, justo en momentos en que se esperaba del Poder Legislativo el tratamiento urgente de varias leyes relacionadas con la emergencia.
Estas y otras graves actitudes de la senadora Bajac y de la diputada Medina llevaron a que ambas sean imputadas por la Fiscalía. A Bajac se la acusa de supuestos hechos punibles de violación de vedas y cuarentena sanitaria y tentativa de lesión grave (con dolo eventual) y en el caso de Medina de violación de cuarentena. El propio presidente del Congreso y líder de su movimiento, Blas Llano, reclamó que Bajac renuncie a su cargo legislativo, en caso contrario impulsaría el pedido de investidura.
Al irresponsable proceder de las dos legisladoras se sumó la actitud soberbia del diputado liberal llanista Édgar Ortiz, a quien se acusó de atropellar una barrera de control policial en Encarnación, alegando su rol de parlamentario.
Desde distintos sectores sociales y políticos se exige la pérdida de investidura de los tres legisladores, pero en el caso de Medina y Ortiz se ha puesto en evidencia una maniobra cómplice por parte de una mayoría de diputados para tratar de salvarlos, como ha ocurrido antes con varios otros casos de legisladores acusados de delitos y hechos de corrupción.
El momento actual, sin embargo, es diferente. El humor de la ciudadanía ante el drama de la pandemia es otro y probablemente ya no exista disposición a tolerar la defensa corporativa de legisladores irresponsables que se creen por encima de los demás.
A diferencia de varios políticos que se muestran solidarios y dispuestos a asumir los desafíos de esta nueva coyuntura, quienes insisten en mantener vigente el viejo Paraguay de injusticia y desigualdad deben entender que la sociedad está cambiando a partir de la crisis.