La norma prevista para hacer cumplir una orden judicial de desalojo establecía la planificación de la operación y ejecución del retiro de personas instaladas en propiedades privadas durante el operativo. Se requería de previas diligencias como el relevamiento de informaciones del lugar, la participación a las direcciones de Derechos Humanos tanto del Ministerio del Interior como de la Policía y la comunicación correspondiente a la Defensoría del Pueblo.
Mientras para las organizaciones sociales y de derechos humanos la normativa era una garantía de que se cumplirían procesos de diálogo y de tener en cuenta la realidad social en que se encontraban muchas familias, para las organizaciones más relacionadas con la propiedad de la tierra el protocolo era un obstáculo para hacer cumplir las órdenes de la Justicia, ya que los dirigentes involucrados aprovechaban para hacer retardar los procedimientos y en muchos casos para evitarlos.
Por ello, tras numerosos casos de nuevas ocupaciones de tierra que se registraron en los últimos meses, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia han resuelto anular el cuestionado protocolo, a fin de evitar el “retardo innecesario” del accionar de los organismos del Estado.
La justificación dada para esta medida es que el procedimiento establecido hace seis años en el protocolo no tenía un origen legislativo, ya que había sido establecido más bien con un acuerdo político y en la práctica implicaba una barrera para el rápido accionar de las instituciones pertinentes. La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes sostuvo que el protocolo era una “herramienta ajena al ordenamiento jurídico”.
La iniciativa despertó sin embargo la alarma y preocupación de las organizaciones sociales. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) sostiene que la interrupción del procedimiento agrava aún más la criminalización de los sectores ciudadanos que reclaman derechos básicos para los más pobres, ya que se busca directamente la penalización antes que la solución a los muchos problemas.
Es atendible que se busquen evitar trabas a la acción de la Justicia en el proceso de hacer respetar el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, la anulación del protocolo no debe llevar a pasar por alto el también necesario respeto a los derechos humanos durante los procedimientos. El hecho de que la herramienta era utilizada inadecuadamente no debe ser usado ahora como una excusa para ignorar situaciones de vulnerabilidad social y necesidades reales de los sectores humildes. Principalmente, el Gobierno no debe dejar de buscar soluciones a la problemática de la pobreza y a las necesidades de tierra y vivienda que sufre gran parte de la población.
