La ahora célebre y molesta frase que una abogada pronunció recientemente durante una sesión extraordinaria del Senado, cuando se decidía la pérdida de investidura del senador liberal Dionisio Amarilla por acusaciones de uso indebido de influencia, podría ser expresada ahora por sectores de la ciudadanía contra los legisladores que han elegido a las nuevas autoridades del Congreso para el año legislativo que arrancará este 1 de julio: “No esperaba nada de ustedes, pero aún así han logrado decepcionarme”.
A contramano de las manifestaciones populares y ciudadanas que exigen una mayor moralización en el ámbito político, reclamando que se deje de premiar con altos cargos para la conducción del país a cuestionados dirigentes con oscuros antecedentes, el sector político Colorado Añetete –liderado por el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez– ha decidido negociar con las demás bancadas de su partido, Honor Colorado, que dirige el ex presidente Horacio Cartes; la bancada más independiente, manejada por los hermanos Arnaldo y Lilian Samaniego, y con la bancada del sector disidente ante el oficialismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderada por el senador Blas Llano.
De este modo, dejando de lado a las demás fuerzas políticas más pequeñas, se ha designado como próximo presidente del Congreso y del Senado al liberal Blas Llano; al colorado del sector oficialista Añetete Martín Arévalo como vicepresidente primero y al colorado cartista Juan Darío Monges. Mientras, en la Cámara de Diputados, la presidencia será ocupada por el colorado cartista Pedro Alliana; la vicepresidencia primera por el colorado independiente Arnaldo Samaniego y la vicepresidencia segunda por el liberal llanista Enrique Mineur.
Tanto el cartismo como el llanismo tienen cuestionados antecedentes, con varios de sus miembros con acusaciones de hechos de corrupción, pero principalmente por haber llevado adelante entre 2015 y 2016 la inconstitucional campaña para intentar lograr la enmienda de la Constitución Nacional para imponer la reelección del entonces presidente Horacio Cartes, prohibida en la Carta Magna. Las irregulares acciones políticas –incluyendo un atraco al Congreso para desarrollar una sesión ilegal del Senado– fueron contestadas con grandes movilizaciones de protesta ciudadana, creando un ambiente de crispación social y política, lo que desencadenó en los trágicos sucesos del 31 de marzo de 2016, en que manifestantes quemaron la sede del Congreso y la Policía atracó el local del PLRA, asesinando al joven militante Rodrigo Quintana.
Por todo ello, resulta llamativo que el presidente Mario Abdo Benítez y los demás referentes del actual Poder Ejecutivo busquen sostener la continuidad de su gobierno a través de la negociación con sus anteriores adversarios con tan oscuros antecedentes, quienes precisamente se encontraban en la vereda de enfrente en la lucha política por defender la Constitución, en lugar de apelar a una mayor transparencia y al apoyo ciudadano.
Aunque se diga que es por asegurar la gobernabilidad, no se debería negociar la misma con dirigentes políticos impresentables, en una época en que la ciudadanía exige que se siga limpiando a las instituciones democráticas de todos los signos de autoritarismo y corrupción.
