La realidad del país centroamericano, con un alto índice de pobreza y fuerzas políticas antagónicas cada vez más polarizadas, se volvió muy compleja en los últimos años.
El destituido mandatario Manuel Zelaya - cuyo periodo de gobierno fenecía el año próximo- había adherido a las ideas propiciadas por el presidente venezolano Hugo Chávez, quien estaba a punto de lograr la incorporación hondureña a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Ya que le resultaba imposible obtener del Congreso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, que incluya en uno de sus artículos la reelección presidencial, recurrió a una encuesta que tendría que haberse realizado el domingo pasado. La Justicia Electoral había declarado ilegal el llamado a concurrir a las urnas.
Dado que la cúpula de las Fuerzas Armadas no estaba de acuerdo con el referendo, su máxima autoridad lo expresó públicamente. Esa posición significó su destitución. La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, lo repuso, agravando aún más el conflicto que cada vez se hacía más candente.
En ese clima enrarecido fue que las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de desalojar del poder al jefe de Estado trasladándolo a la fuerza a Costa Rica, el domingo pasado. De esa manera, se consumó el golpe cuartelero que resucita en América Latina el muy conocido fantasma de la intervención militar en problemas de Estado.
Es cierto que el presidente Zelaya - actuando de acuerdo al libreto orquestado por Chávez- ignoró el camino constitucional del Parlamento para la realización de una consulta popular. Aun cuando esa transgresión pueda ser considerada grave, no justifica el uso de las armas en contra del orden constitucional, ya que implica pasar por encima de las normas de la democracia para resolver por sus propios medios situaciones conflictivas.
Repitiendo la dolorosa historia y el error de los uniformados que se creen salvadores de su patria - aun cuando lo único que hacen es ahondar las confrontaciones- , los soldados de Honduras se han atribuido una vez más un papel que no les corresponde. Su actitud no solo es un retroceso para su país, sino para toda América Latina, donde las Fuerzas Armadas todavía no comprenden que por encima de los tanques está el ordenamiento jurídico de una nación.
La comunidad internacional de naciones, a través de medios diplomáticos, debe hacer lo posible para que se restaure el orden constitucional. Pero tiene que quedar claro que únicamente los hondureños encontrarán las vías para reconstruir su democracia, colocar de nuevo en su lugar a las Fuerzas Armadas y castigar a los que han sobrepasado los límites establecidos por las leyes.