Monseñor Adalberto Martínez, obispo de Villarrica, administrador apostólico de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y presidente de la CEP (colegiado de obispos) reflexiona sobre el tema.
El obispo resalta que el planteamiento del Episcopado para salir de esta situación de crisis es el “diálogo sincero” entre todos los sectores y actores políticos y sociales, la concertación de voluntades y el consenso sobre una agenda país básica.
Aunque aclara que la CEP no será la convocante y articuladora de esta iniciativa “porque no están dadas las condiciones”, pero sí está dispuesta a participar por medio de sus representantes.
–¿Cómo describiría a este momento extraordinario que estamos atravesando en el Paraguay, en medio de una pandemia que ha sacado a flote todas las fragilidades y deudas históricas que mantiene el país?
–Vivimos tiempos críticos, de mucha angustia e incertidumbre. Son tiempos difíciles, que pusieron en evidencia las graves carencias sociales en nuestro país. Pero también emergió con fuerza la virtud de la solidaridad, que sigue siendo un sello distintivo del pueblo paraguayo.
Este es un signo de esperanza que aporta luz y alivio en medio de tanto sufrimiento.
La pandemia por el Covid-19 golpea fuertemente a todos los países, en todos los continentes, y ha puesto de manifiesto que ni la medicina ni la economía han tenido respuestas rápidas para mitigar los efectos de esta enfermedad que ya ha costado millones en vidas humanas.
Hasta los países más desarrollados y con sistemas de protección social muy avanzados se han visto rebasados en su capacidad para mitigar los fallecimientos y los efectos económicos causados por el Covid-19.
Los obispos hemos señalado en varias oportunidades la inequidad estructural que vive nuestro país en términos del acceso universal a la salud y a una educación de calidad, entre otras carencias que padecen los sectores vulnerables.
El sistema sanitario del Paraguay ha estado retrasado en cuanto a la capacidad para dar respuestas a las demandas de la población más pobre, que no tiene la posibilidad de un seguro médico ni acceso a medicamentos.
La pandemia agudizó la situación de carencia y debilidad no solo del sistema sanitario, sino también de las políticas de protección social. El impacto de las medidas adoptadas para prevenir los contagios en el año 2020 ha significado la profundización de la pobreza crítica, y ha llevado a un importante número de personas de la clase media a caer debajo de la línea de la pobreza.
Así también, ha causado el cierre de pequeñas y medianas empresas dejando sin empleo a miles de personas, con lo que eso implica para el sostenimiento y la vida digna de las familias.
Es doloroso ver la angustia y el padecimiento de tantas familias para asistir con medicamentos a sus seres queridos afectados por el Covid-19. Esta situación ha resaltado, una vez más, el carácter solidario del pueblo paraguayo para con los semejantes necesitados.
–¿Por qué llegamos a este estado, si el año pasado el país era felicitado en el exterior por haber adoptado acciones oportunas para evitar la introducción y diseminación del nuevo coronavirus y, sin embargo, terminamos en una crisis política por la falta de medicamentos y la no obtención de las vacunas anti-Covid?
–Los factores que intervienen para que estemos en esta situación son múltiples.
Por un lado, está el acaparamiento de las vacunas por los países desarrollados, lo que lleva a un acceso inequitativo a las mismas.
Pero por otra parte deja en evidencia que quizá las autoridades responsables del sector no han dimensionado suficientemente los escenarios futuros de la tan rápida aceleración de contagios y no se gestionó en tiempo adecuadamente las variadas opciones de adquisición de vacunas anti-Covid.
De hecho, la segunda ola de contagios del virus está golpeando con fuerza a la mayoría de los países del mundo.
En nuestra reciente carta pastoral (1/03/2021) desde la Conferencia Episcopal Paraguaya subrayamos que la emergencia de salud recuerda la fragilidad del sistema sanitario y la insuficiencia de recursos humanos y hospitalarios.
Señalamos también que apremia la necesidad de equipamiento e instalaciones con mejores condiciones de bioseguridad para el personal de salud y para los pacientes, al igual que la capacitación permanente en los nuevos escenarios de la salud pública.
Así también, contribuye a que estemos en esta situación crítica la debilidad de las instituciones públicas frente a los hechos de corrupción denunciados.
En nuestra carta pastoral indicamos que una gestión transparente y honesta de la administración de la salud es un reclamo de la sociedad.
–¿Cómo vio al presidente Mario Abdo Benítez en la reunión que mantuvieron con él el miércoles en la sede de la Conferencia Episcopal Paraguaya?
–Sentimos que el presidente de la República está preocupado. La situación no le es indiferente, pero que no ha logrado todavía encontrar los mecanismos que le ayuden a encaminar, en tiempo y forma, las soluciones a los justos reclamos de la ciudadanía.
–¿Qué es lo que desde la Iglesia creen que se debe hacer como el “golpe de timón” para salir de este pozo en el que estamos cuando todas las instituciones y autoridades parecen ya no gozar del respeto ni la confianza ciudadana?
–El diálogo sincero entre todos los sectores y actores políticos y sociales, la concertación de voluntades y el consenso sobre una agenda país básica es la propuesta de los obispos en la carta pastoral que fue publicada como una contribución de la Iglesia al proceso de revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, pero que es muy válida para esta situación de crisis.
Sin embargo, reconocemos que se debilita el ejercicio de la autoridad cuando la eficacia, la idoneidad y la probidad moral de los que ocupan cargos no están a la altura de las exigencias.
Precisamente, señalamos que un factor transversal es la corrupción en la administración de los recursos públicos, en complicidad con sectores privados, que indigna gravemente al pueblo, debilita la credibilidad necesaria para generar unidad, dificultando un diálogo nacional positivo y enfocado en soluciones para todos.
En nuestra carta, los obispos sostenemos que los tres poderes del Estado, más todas las instituciones públicas, son los espacios claves donde se destraba y define el cambio para el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y la paz social; ante ello, todos los paraguayos debemos cuidar que la democracia se fortalezca y que las autoridades sean honestos servidores del bien común.
–En varios momentos de la historia del país a la Iglesia Católica le ha tocado intermediar para evitar que se ahonden las crisis, pero esta es la primera vez en que se tiene un escenario tan dramático ocasionado por una pandemia que está enlutando a centenares de familias. ¿Qué temores les plantea esto y como institución confesional cómo podrían contribuir en estos momentos para tranquilizar a la población?
–Los obispos seguimos con atención y preocupación los graves acontecimientos y la profunda crisis social y política que enfrenta nuestro país. No se puede desconocer el descontento y la indignación de amplios sectores de la sociedad que reclaman justamente la adopción de las medidas oportunas para mitigar los efectos de la pandemia, tanto en el ámbito de la salud, como en lo que se refiere a la cobertura de las necesidades básicas de la población que ha sido golpeada en su economía y se ha visto afectada en su calidad de vida.
Es justo y necesario escuchar y canalizar los reclamos de la gente. Urge un diálogo sincero entre todos los sectores y actores sociales para encaminar las soluciones a la grave crisis que vive el país.
En cuanto al rol que nos compete frente a esta crisis, creemos que, en esta oportunidad, no están dadas las condiciones para que la Conferencia Episcopal Paraguaya asuma la responsabilidad para convocar y articular el diálogo social. Sí está dispuesta a participar con sus representantes de una eventual convocatoria en ese sentido.
–¿Qué se debe priorizar desde la perspectiva de la Iglesia en el dilema de la salud versus lo económico?
–En la escala de valores, la vida y la salud son la prioridad. Sin embargo, se pueden y se deben propiciar las medidas necesarias para que lo económico se equilibre porque, de lo contrario, las consecuencias pueden afectar la calidad de vida y la vida misma de la población, sobre todo de los sectores más carenciados.
–En la Carta Pastoral de los obispos sobre Itaipú señalan que la emergencia sanitaria plantea a todos en Paraguay y en el mundo el desafío de “hacer mejor las cosas” y de cambiar para el bien de todos. ¿Qué cambios debe darse con urgencia en el Paraguay?
–La respuesta está en la misma carta pastoral. Allí sostenemos que el camino del diálogo en pos del bien común debe generar un nuevo estilo social y político. La prudencia urge a construir consensos a través del diálogo social y del ejercicio de la autoridad que genera confianza y toma decisiones responsables.
Se debe apuntalar el ejercicio de la autoridad como servicio, que no se pierde en confrontación de intereses sectarios, en posiciones ideológicas o en actitudes intolerantes.
Cada vez más, se requiere de una autoridad política madura, con gran capacidad para unir a todos, más allá de sus intereses particulares y de sus pertenencias partidarias.
A la luz del magisterio del papa Francisco, exhortamos a los líderes políticos y sociales que piensen y trabajen con una visión a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Deben actuar en función de políticas de Estado, a largo plazo, contrario al cortoplacismo relacionado con ganar votos para las próximas elecciones.
Pedimos a la dirigencia del país que asuman con madurez y capacidad la resolución de las diferencias. Sostenemos que es posible vivir unidos y desarrollar una comunión para resolver los conflictos sobre la base de soluciones consensuadas a los problemas comunes.
Los obispos tenemos el convencimiento de que, para recuperar la confianza de la ciudadanía y la convivencia pacífica en el marco de la institucionalidad, se requieren acciones consecuentes y coherentes para la consecución del bien común, más que meras promesas.
–Cuando semanas atrás comenzaron las manifestaciones en contra del Gobierno, monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, se reunió con el vicepresidente. Este gesto fue interpretado como un apoyo de la Iglesia a la gestión del Ejecutivo. ¿Fue esa una decisión unipersonal del obispo o fue en representación del colegiado de obispos?
–El pleno de la Conferencia Episcopal no ha tomado una postura institucional para mediar en esta crisis.
Cada obispo tiene autonomía en su respectiva jurisdicción y puede realizar las acciones que, en conciencia, considere necesarias, sin que eso implique una visión y una postura del colegio episcopal.
–Si tomamos en cuenta que el sistema democrático como institución política no está firme en Paraguay y que “nuestra sociedad necesita aprender a resolver sus problemas con espíritu democrático”, tal como resaltan en la misma carta pastoral, ¿qué hacer para que esta sea una causa nacional y que las dirigencias políticas, económicas y sociales se comprometan a trabajarla?
–En la carta pastoral invitamos a asumir algunos valores y virtudes necesarios para el logro de la paz social. Decimos que la paz social se concreta cuando el afán de poder, el afán de lucro y el afán de placer egoísta se doblegan ante la verdadera riqueza de la fraternidad y de la amistad social, en la justicia y en el respeto a la vida, generando una cultura del encuentro, en la que el derecho y el deber no nacen de la imposición sino de la convicción.
La paz social requiere que la discusión de las ideas, políticas y proyectos no busque dividir para ganar, sino convencer para mejorar.
La paz social presupone que la identidad individual o la de los diferentes modos de agrupación no deben aspirar a la hegemonía comprendiéndose como enemigos, sino promover el bien de todos, desde su originalidad y su razón de ser para el beneficio de toda la sociedad.
No somos una sociedad homogénea, pero queremos ser una sociedad enriquecida por la diferencia y animada por el diálogo cortés y respetuoso entre todos los sectores de la sociedad nacional.
–En medio de la pandemia, también está en desarrollo la campaña electoral con vistas a las elecciones municipales del año próximo e inclusive acomodándose ya las piezas para el 2023. ¿Qué llamado haría a los ciudadanos sobre el ejercicio del sufragio?
–Los principios enunciados en el mensaje de los obispos del Paraguay para las elecciones generales del 2013 son siempre válidos.
En este sentido, para que el voto de los ciudadanos sea noble, verdadero y justo, los candidatos, partidos y movimientos deberán mostrar que asumen en su propuesta y en su conducta el principio del bien común, que se concreta a través del compromiso efectivo con la equitativa participación de todos en los beneficios comunes de la sociedad.
El principio de la vida y la familia, demostrando compromiso con la defensa de la vida humana en todas sus etapas; implica apoyo decidido a los programas y recursos apropiados para la promoción y protección de la dignidad de las personas, sobre todo de los más vulnerables.
Y, finalmente, el principio de la libertad, por el cual se muestra tolerancia y respeto a las legítimas diferencias, con capacidad de diálogo y de negociación para el logro del bien común de la comunidad.
Nuestro deseo es motivar a todos a la participación ejerciendo el derecho y la obligación de votar y elegir, dando el voto inteligente a los programas realizables, así como a los candidatos y a los partidos que prometen y cumplen.
Exhortamos a seleccionar a personas que han mostrado y mantienen una trayectoria de vida personal, familiar y profesional honesta y responsable. También se debe tener en cuenta de quiénes están rodeados los candidatos, quiénes integran su grupo. Una democracia sin valores se vuelve una dictadura y termina traicionando al pueblo, dice el n. 74 del documento de Aparecida.
No somos una sociedad homogénea, pero queremos ser una sociedad enriquecida por la diferencia y animada por el diálogo cortés y, sobre todo, respetuoso entre todos los sectores de la sociedad nacional.
Tenemos el convencimiento de que para recuperar la confianza de la ciudadanía y la convivencia pacífica en el marco de la institucionalidad, se requieren acciones consecuentes y coherentes para la consecución del bien común, más que meras promesas.
