Como están en manos de funcionarios que ingresan mayoritariamente por clientelismo político, estos no se sienten mínimamente interpelados a rendir cuentas ni a demostrar logros.
A propósito, leí que el improvisado local del Indi, frente al cual se alza un campo de refugiados, en la avenida Artigas, es factible reubicar. Aunque el tema de fondo ni se plantea: Hablamos del porqué los compatriotas indígenas allí asentados salieron de sus tierras y viven hacinados y en condiciones infrahumanas en la capital del país.
Todo se reduce a trasladar el problema de un sitio a otro. No a resolver las causas del éxodo obligado del que numerosos connacionales de esta minoría son víctimas. Agreguemos el remanido argumento de la falta de recursos como condición principal para atender a este y a los numerosos problemas sociales que nos enrostra la dura realidad. Tenemos un Estado cuyas instituciones asumen que serían eficaces solo si sobra el dinero.
Cuando sabemos que en condiciones adversas se deben buscar los recursos mediante propuestas creativas, haciendo mucho con poco, no solo para convencer a quienes definen el Presupuesto General de la Nación de que mucho más aún se podría lograr si otorgaran los recursos, sino porque en esencia se debe buscar honrar el servicio público con mucho esfuerzo y dedicación, y porque se trata de una cuestión de dignidad.
La gestión de talentos humanos y recursos económicos es parte central de quienes gerencian instituciones del Estado. Por eso se necesita de personas capacitadas para gastar los recursos públicos con inteligencia, austeridad y, sobre todo, honestidad. Las soluciones también pasan por la articulación, las alianzas, el diseño de buenos proyectos y la rendición de cuentas que aliente a seguir cooperando a quienes financian las acciones, porque hay confianza en la calidad del gasto y se ven los resultados.
Por eso es tan penoso, inapropiado y básico que solo se limiten a responder que no se cuenta con los recursos, cada vez que se colocan en la agenda pública situaciones como el crecimiento exponencial de la adicción y, por tanto, de los adictos; el abandono de los sectores vulnerables por parte del Estado, como los indígenas, y la desatención a los pobres extremos en varios puntos del país.
Es una actitud indigna, resignada que antes de intentar pensar en alguna salida, alguna articulación con otras instituciones públicas y privadas, se pierden en excusas. Para ello sobran las fórmulas y los diagnósticos.
Por parte de los servidores públicos falta capacidad de gestión y voluntad; por parte del resto de los ciudadanos, control y seguimiento de los temas.
Si revisan periódicos de 15, 10, 8 o 5 años atrás hallarán las mismas situaciones hoy denunciadas, aunque empeoradas y, entonces y ahora, la respuesta ha sido y sigue siendo que no se cuenta con suficiente recursos. Que solo existe una institución pública para atender a las personas con adicciones, con muy limitada capacidad. Que el problema es de la Senad; aunque también del Indi, la Policía, el Minna, la Fiscalía, y así la ristra de responsables de la desatención a los problemas crece y crece. Juegan a la pelota tata, no se exploran respuestas integrales.
Solo esperan que pase el foco mediático puesto en determinados temas denunciados, como el de los adictos y los indígenas abandonados, para luego dejar que las cosas continúen empeorando y se produzca alguna desgracia mayor que colocará, otra vez, en la misma temática de responsabilizarse mutuamente una institución a la otra. Entonces, todos y nadie son responsables de nada y el alegato será la falta de recursos, y punto.
