La disolución de las 96 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 14 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y dos estuvieron presentes y no votaron.
Entre las organizaciones afectadas está la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo -hijastra del presidente Ortega y a quien denunció en 1998 de abusos sexuales-.
También el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, que en la víspera aclaró que esa disolución no perjudica su estatus jurídico debido a que desde 2014 son regulados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Otra ONG ilegalizada es la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep, que antes de la crisis que estalló en abril de 2018 mantuvo un diálogo de consenso con Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007.
Además, fueron disueltas la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, y la Fundación Esquipulas, entre otras.
“AGENTES EXTRANJEROS”. En un informe, el Ministerio de Gobernación argumentó que esas ONG incumplieron por no inscribirse “en el registro de Agentes Extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros”, aprobada por los sandinistas tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
Además, según la cartera de Gobernación, esas ONG violaron la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en vigor desde el 6 de mayo pasado; así como la Ley Contra el Lavado de Activos.
Con esas nuevas 96 asociaciones, se elevó a 179 las ONG disueltas en los últimos tres días, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica al menos 440 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social-calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega, aunque no ha presentado pruebas.
El Cenidh califica la medida como “un crimen”
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó la medida de “un crimen” que además de violar la libertad de asociación, “trastoca el plano individual” al afectar a los beneficiarios de la acción de las oenegés.
“Cuántas personas están siendo lanzadas al desempleo, al hambre, al sector informal de la economía (...) qué hará toda esa gente ahora”, cuestionó el Cenidh, ilegalizada en el país en el 2018. En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), dijo que “la personalidad jurídica le da a una organización de la sociedad civil (OSC) la posibilidad misma de existir”.
