Por Jorge Torres Romero
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Inseguridad jurídica y caos jurídico. De esta forma se puede sintetizar, como conclusión, la extrema arrogancia del presidente de la República para colocarse por encima del fallo del Tribunal Arbitral de París y la ignorancia del procurador general de la República, Nelson Mora, quien recurre a una ley derogada para justificar el pedido de Duarte Frutos de no pagar un compromiso asumido por el Estado.
Es como el huevo y la gallina. No se sabe quién es el principal culpable de la chambonada que se está haciendo a nivel internacional.
Parece que los empresarios españoles no se ajustaron a la “Constitución Nacional”. Es decir, de aportar la coima, por lo que hoy la inversión no se concretó.
El fallo contra Paraguay de parte de la Corte Internacional de París fue luego de que el Estado se haya negado a cumplir con un acuerdo firmado con España. Ambos estados sellaron un compromiso sobre una línea de crédito. El acuerdo recibió la aprobación de ambas cámaras del Congreso. Es más, tuvo un dictamen favorable de la propia Procuraduría y de la Abogacía del Tesoro, así como de todas las instancias de las demás instituciones de la República. Es más, el Gobierno llamó a la licitación para la cual se presentaron ocho empresas españolas y la ganadora vino al Paraguay. Hizo las inversiones pertinentes. Dispuso de las obligaciones que le correspondían, pero inesperadamente, Nicanor Duarte Frutos dispone que la inversión no se haga. ¿Por qué? ¿Será porque no había coima? Razonablemente es imposible justificar el proceder del Gobierno. Más aún cuando al Estado paraguayo no le costaba un solo guaraní el crédito español.
A la absurda pretensión presidencial de intentar colocarse por encima de un fallo internacional, ahora se conoce que el procurador recurrió a normas derogadas para mover a la Justicia paraguaya en busca de su negativa de cumplir con el compromiso. En cualquier sociedad con estima, donde funcionan las instituciones, el error de Nelson Mora se paga con la destitución. Mora debe dejar el cargo. Él no puede desconocer la ley. Menos aún puede usar leyes que no existen para imponer una obsesión personal. Si Nicanor es dueño y señor de la inseguridad jurídica, Mora es dueño y señor del caos jurídico.
La oposición y quienes en verdad están para proteger al Paraguay deben reaccionar y conciliar los intereses con España. Del mismo modo, hay que reivindicar el marco legal con la destitución del procurador general de la República. Es la mejor manera de reparar el daño a la imagen del país y devolver el respeto al marco jurídico nacional e internacional.