Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), admitió que los gastos sociales realizados por las entidades binacionales carecen de los controles necesarios, aunque delegó la responsabilidad a municipios y gobernaciones, los cuales reciben dinero en concepto de royalties de parte de las hidroeléctricas.
Tras la publicación realizada por ÚH, acerca del peligro de abrir canilla de obras sociales de las binacionales, lo que puede conllevar discrecionalidad y despilfarros, el ex jefe de Estado aseveró que se requiere un nuevo manual de procedimiento con las gobernaciones y municipios, de manera de tener un mayor control de los gastos sociales.
Sin embargo, la EBY (al igual que Itaipú) tiene sus propios proyectos de inversión social y sus licitaciones carecen de controles externos, puesto que no se guían por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y sus obras tampoco suelen ser auditadas por la Contraloría General de la República (CGR).
“Estamos hablando con los gobernadores, que vamos a establecer un sistema de rendición de cuentas. Nosotros estamos pidiendo la colaboración de la Contraloría, para tener un monitoreo de los fondos sociales. No podemos aceptar que Itaipú y Yacyretá solo produzcan energía y vivamos del rentismo hidroeléctrico”, dijo a la 1080 AM.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó a Yacyretá y a Itaipú dar especial énfasis a los proyectos sociales y ya se manejan varias iniciativas. Entre ellas llaman la atención un nuevo mercado municipal de Santaní, a cargo de la EBY por USD 2 millones; y el viaducto sobre el kilómetro 7 de Ciudad del Este, que financiará Itaipú por USD 12 millones. Esta última entidad incluso anunció que otorgará USD 20 millones en obras a favor de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). Además, ambas instituciones planifican financiar escuelas, hospitales y darán millonarios recursos a la agricultura campesina.
APOYO A LA ANDE. Carlos Amarilla, quien suena como futuro consejero paraguayo de Itaipú, señaló que es necesario que la hidroeléctrica destine parte de sus recursos a la responsabilidad social porque favorece al sector vulnerable.
Agregó que se podría destinar ese rubro de gasto social para fortalecer la distribución de la energía eléctrica de la ANDE, aunque comentó que la Itaipú hoy paga a la ANDE por la tarifa social de los menos favorecidos.
A su criterio, si se busca hacer cambios en el destino de los fundos sociales, se tiene que conversar con el Brasil.
BLINDADOS EN EL 2006. Los gastos sociales de las binacionales, específicamente de Itaipú, se habían empezado a realizar bajo la presidencia de Duarte Frutos. Yacyretá aún no llegaba a cota definitiva, por lo que su aporte era mínimo y el mandatario enfatizó el uso de recursos de la central compartida con Brasil.
En el 2006, a pedido del liberal Alfredo Jaeggli, la Cámara de Senadores decidió incorporar en la Ley de Presupuesto los proyectos sociales de las binacionales y aseguró que todos estos emprendimientos primero tenían que ser revisados y autorizados por el Poder Legislativo. Duarte Frutos inmediatamente obtuvo una acción de inconstitucionalidad, por lo que el intento de supervisión del Congreso fue desechado.
