A pesar de ser el hijo de un alto jerarca del stronismo y significar en su propio nombre la herencia de la dictadura, en estos primeros cien días de gobierno el presidente Mario Abdo Benítez no resultó ser el pichón de dictador que sus críticos opositores temían, pero tampoco el campeón de la lucha contra la corrupción que prometió ser en sus discursos, ni mucho menos el redentor de los pobres que esperaban algunos seguidores.
Una de cal y otra de arena. Marito sorprendió gratamente al nombrar a gente con respetable trayectoria en su gabinete: Teresa Martínez en Niñez y Adolescencia, Rubén Capdevila en Cultura, Arnaldo Giuzzio en Senad, Liz Cramer en Industria y Comercio, Sofía Montiel en Turismo... pero a la vez causó indignación al ubicar a políticos colorados con negros antecedentes en importantes cargos públicos: José Alberto Alderete, Antonio Ibáñez, Julio César Velázquez, Sergio Coscia, Juan Carlos Duarte, Raimundo Sánchez... Obviamente fue el pago político a quienes lo apoyaron en campaña, pero al costo de echar por tierra la pretendida imagen de un gobierno transparente y honesto, reinstalando la nefasta práctica de rifar el Estado como botín político entre los amigos y correligionarios.
Lo más interesante fue haber dado luz verde a Giuzzio para que la Senad golpee a algunos capos del crimen organizado y el narcotráfico, algo que en la era Cartes hubiera sido impensable. La operación Berilo desactivó el imperio narco del hasta hace poco intocable Cabaña, émulo local de Pablo Escobar, incluso al costo de cargarse como daño colateral a un diputado del mismo equipo político del presidente.
También fue bueno que desde el Ejecutivo se hayan creado condiciones para que la Fiscalía y la Justicia se animen a meter en la cárcel a dos manguruyús como el ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general Javier Díaz Verón. Aunque se tengan que leer estos casos como parte de la guerra interna del coloradismo, son señales muy positivas para apuntar al inicio de una reestructuración del corrupto sistema de justicia.
El fracaso más estrepitoso, hasta ahora, se dio en el sector de la educación, justamente el más sensible y demandado. Poner al ex senador Eduardo Petta como ministro fue una jugada riesgosa y el resultado está a la vista. O no está.
En economía no hubo variaciones ni sorpresas, ya que se apostó al mismo libreto sólidamente neoliberal que siguieron todos los últimos gobiernos, incluyendo el de Lugo. La carencia mayor sigue estando en el campo social, donde no existen respuestas a las demandas de tierra y a los conflictos indígenas y campesinos. Los recientes lamentables ataques violentos contra los indígenas de Tacuara’i, Canindeyú, demuestran que los sectores más pobres y marginados no son la prioridad.
Cien días es poco tiempo para evaluar a un gobierno, pero dan una idea de lo que podemos seguir esperando.