La administración de los recursos del Estado es una difícil tarea. Algunos dirían que es un diario dolor de cabeza.
Tras esta serie de restricciones que impuso hace unas semanas el Gobierno Nacional al pago de los beneficios salariales adicionales, que afectan principalmente a las empresas públicas y a otras instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP), y que generó una gran movilización días atrás, se volvió a poner en discusión algo que nunca luego debió ponerse en tela de juicio: La administración de los fondos estatales.
En la actualidad, básicamente, las fuentes de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) se dividen en tres. La Fuente 10 es la que se genera por el cobro de impuestos y otros provenientes de las binacionales, y es manejado por el Tesoro Nacional, es decir Hacienda. La Fuente 20, por su parte, proviene de créditos a los que accede el Estado, desde préstamos hasta bonos soberanos o locales; estos son manejados en mayor parte por Hacienda, pero también por las entidades descentralizadas (BCP, gobernaciones, empresas públicas, entre otras).
Finalmente, la tercera es la Fuente 30, la piedra de la discordia. Esta se compone de los fondos que provienen del cobro de bienes o servicios que brindan las diferentes entidades estatales y son administradas por las generadoras de esos bienes o servicios, que pueden ser por ejemplo, luz, agua, teléfono, combustible, tasas judiciales, etc.
Ahora bien, generalmente para justificar los pagos de extras, compras o licitaciones, las entidades que se financian con Fuente 30 suelen alegar que como no es dinero que viene del cobro de impuestos, son “dueños” de esos recursos, por lo que no tienen que rendir cuentas o limitar sus gastos con base en lineamientos hechos por el Ministerio de Hacienda.
Error.
En primer lugar, no son los “dueños” del dinero, porque el dinero que se genera con base en el aporte de la gente en impuestos, tasas o lo que fuera, es del Estado, y el Estado no puede dividirse en dos, menos aún para la administración de los recursos. El Estado es uno solo y somos parte del Estado todos los ciudadanos.
En segundo lugar, es inconcebible tener un Tesoro que no maneje el dinero público, porque de esa forma su propia existencia pierde sentido. Todos los recursos generados por las entidades públicas deben ser depositados en la cuenta del Tesoro y deben ser administrados por el Tesoro. En la práctica, esto no solo permitirá mayor maniobrabilidad al Fisco en casos de desaceleración de los ingresos o en casos de necesidades no previstas, sino que dará mayor transparencia al manejo de los fondos. Esto no quiere decir que el manejo que realiza el Ministerio de Hacienda sea comparable a los países del primer mundo, pero es mejor que el manejo de las empresas públicas y otros entes descentralizados, definitivamente lo es.
El filósofo alemán G. W. F. Hegel definió al Estado como la conciencia de un pueblo. En su pensamiento, la historia es la clave para poder comprender a la sociedad y a los cambios sociales. La denominada Fuente 30 fue históricamente una alegoría de despilfarros descarados que, ante la carencia de controles y las nulas condenas, sigue siendo actualmente una impune realidad.
Los entes públicos han deteriorado tanto los criterios de la ética y la moral que ya no es novedad que nuestro país ocupe los últimos lugares en los distintos ránkings internacionales. El manejo de los recursos estatales no escapa de esto, basta con recordar que el malgasto público, de acuerdo con estudios internacionales, llega en la actualidad al 3,9% del PIB, es decir, USD 1.560 millones.
Para salir del fondo, es fundamental que dejemos de pensar que el Estado puede dividirse en dos por antojo de unos cuantos. El Estado es uno solo.
