Ni miopes, ni tontos. Al parecer la discapacidad de las personas no era tal como se declaraba en certificados apócrifos, situación que llamó la atención en los pasillos del Instituto de Previsión Social (IPS) y que finalmente derivó en la detección de falsos discapacitados.
Algunas personas –que accedieron en la previsional y otros entes, al cupo laboral garantizado por ley– supuestamente padecían miopía grave o ceguera, pero tal condición visualmente no coincidía con la realidad. ¿Cómo se puede fingir una ceguera? Pues, con un certificado de discapacidad adulterado.
“A nosotros nos llamó la atención que habían presentado, en esa gran mayoría, un problema de miopía grave, astigmatismo y algunos ceguera. No coincidía digamos al verle a la persona, o en el lugar donde desempeñaba funciones no coincidía digamos con lo que había presentado. Ellos entraron por cupos para discapacitados”, señaló el abogado Cristian Fox, director de Gestión y Desarrollo de Talento Humano del IPS, en declaraciones a Radio Monumental.
La ley que establece la obligatoriedad de que el 5% del plantel en una institución pública sean personas con discapacidad también reglamenta que la incapacidad debe representar el 33%, requisito que visiblemente no cumplían los “falsos discapacitados”.
“Tampoco fue una ceguera total, pero esta persona presentó un certificado de contenido no auténtico”, contó el abogado Fox.
Ante esta situación, un total de 14 personas ya fueron desvinculadas del IPS en enero pasado, tras la detección de los documentos falsos de discapacidad, tras un cruce de datos con Senadis. El IPS tiene un total de 240 funcionarios con discapacidad, y debido a esta situación se está procediendo a un control cruzado de todos los casos.
Entre los principales tipos de discapacidad impera la visual: miopía, astigmatismo y estrabismo. En estos casos no pudo aplicarse la famosa frase de “hacer la vista gorda” y se aplicó el control para corroborar la veracidad de los certificados presentados.
Los desvinculados eran auxiliares administrativos, personal de blanco, enfermeros, bioquímicos y otros. Algunos desvinculados son Carlos S. González, Pamela S. Riquelme, Shirley A. Cabrera, Carolina Román y Carmen L. Román, según consta en un comunicado del IPS.
FALSOS DISCAPACITADOS. Este documento falso –escaneado del certificado original de Senadis– tenía un costo, dependiendo de la cara del cliente, entre G. 2.500.000 y G. 7.000.000, según las denuncias. Las personas alegan que fueron estafadas y engañadas en su buena fe.
Tres de los afectados por las desvinculaciones denunciaron en el Ministerio Público a Julio González, funcionario del IPS y presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad del Paraguay (Asonadis), quien les habría ofrecido el cupo y el trámite del documento. Acusan a González de cobrarles por la gestión y que pese a padecer una discapacidad, recibieron un certificado falso.
Miopía, astigmatismo y estrabismo son considerados en el tipo de discapacidad visual, pero para acceder al certificado, la afección debe incapacitar en un 33% a las personas, explicó Marcos Caballero, director de Comunicación de Senadis. La evaluación de la discapacidad está a cargo del doctor Gustavo Perán, director de Valoración de Senadis. Por ello, se recuerda que el trámite es personal, presencial y gratuito. El acceso a este certificado no es presentando solo un certificado médico, ni por gestión de terceros, como el caso de las personas que supuestamente fueron estafadas por Julio González.
Hacen vista gorda con denunciado
El Instituto de Previsión Social (IPS) hará una denuncia penal en contra de las personas que presentaron los documentos falsos de discapacidad, pero hasta el momento no toma medidas contra el funcionario Julio González. Al parecer “hacen la vista gorda”, debido a que el funcionario con 14 años de antigüedad, supuestamente implicado en la red de falsificación de certificados de discapacidad, tiene vínculos con altos directivos. A semanas de la oficialización de los casos, Julio César González sigue en su cargo de directivo en la Dirección de Planificación. El funcionario con categoría permanente solo está bajo la lupa del IPS con el argumento de “presunción de inocencia”.