En los últimos ocho años, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Comisión Nacional del Pilcomayo, invirtió más de USD 30 millones en los trabajos de limpieza y canalización del río en el lado paraguayo, para lo cual se contrató a un minoritario grupo de empresas (ver infografía).
Para la riada de este y el próximo año se realizará una apuesta de USD 22 millones, la más elevada en comparación con años anteriores, en un contrato plurianual con tres firmas. De esta forma, el negocio del Pilcomayo –solo para obras– ya llega a USD 52 millones en ocho años, según una revisión de los contratos hecha por este diario.
El monto en cuestión no incluye otras contrataciones que también se hicieron en el periodo mencionado, que son para consultorías, fiscalización, estudios, entre otros, que también son cifras importantes.
Empero, pese a las apuestas millonarias, casi todos los trabajos fueron duramente cuestionados por pobladores de la zona y fueron denunciados por irregularidades, pero el negocio de las constructoras sigue sin ningún control de las autoridades.
Pobladores hablan de que el “negocio” consiste en licitar los trabajos de manera tardía para evitar una buena medición después de la riada. “Hace muchos años que el Estado paraguayo ha invertido mucho en el canal paraguayo y las licitaciones siempre eran de un año. Las licitaciones siempre salían en octubre, noviembre y lo peor fue el año pasado, que el llamado salió en diciembre. En enero no había aún orden de trabajo”, expresó Nirma Servín, de la Comisión de Pobladores del cauce en el lado paraguayo.
Siguió: “Cuando sale la contratación se van las empresas con sus maquinarias y empiezan a hacer unos canales pequeños, unas cunetitas y cuando viene la riada los sedimentos tapan las cunetitas y nadie controla eso. Después termina el contrato, termina el dinero y nadie sabe qué cantidad de metros cúbicos se sacó”.
Alberto Jaimes, presidente de la Comisión de Pobladores de Pozo Hondo, resaltó que los trabajos se hacen siempre justo días antes de la riada y cuando llega el agua nadie puede contabilizar lo que se hizo. Reiteró que hay complicidad del MOPC, las fiscalizadoras y constructoras.
IMPUNES. Para señalar los casos resaltantes del mal manejo en el Pilcomayo, vale recordar lo que ocurrió para la riada del 2015-2016, cuando el MOPC pagó aproximadamente G. 25.000 millones a dos empresas, pero el agua no ingresó al territorio nacional, lo que derivó en una catástrofe ambiental.
Del monto mencionado, el consorcio integrado por Talavera & Ortellado Construcciones (Tocsa) y Vial Sur, cobró G. 15.000 millones y el Consorcio Margariño otros G. 10.000 millones. El caso incluso fue denunciado ante la Justicia, pero hasta hoy siguen impunes.
Entre las denuncias más recientes se encuentra el caso de la firma T y C SA, que según la fiscalizadora Cialpa no terminó los trabajos en forma este año. Empero, nadie investiga el caso que salió a luz pública por una guerra que surgió entre T y C y su subcontratista Panchita G.
El director actual de la Comisión Pilcomayo, Artur Niedhammer, minimizó los cuestionamientos y T y C se defendió con el acta de recepción provisoria, donde el MOPC, la fiscalizadora y la contratista corroboraron que las obras fueron terminadas.