Édgar Medina
CIUDAD DEL ESTE
Un conductor, identificado como Derlis Ávalos Chamorro, se expone al pago de una multa por sobrepasar el nivel de sonido permitido de volumen en la vía pública. El fiscal Sergio Villalba afirmó ayer que se reanudarán los controles de polución sonora por parte del Ministerio Público con otras instituciones, en los diferentes municipios del Alto Paraná.
El fiscal Villalba había ordenado la incautación de un automóvil Toyota, del tipo Allion, propiedad de Ávalos Chamorro, luego de que los agentes de la Subcomisaría 14 le comunicaran que el conductor se encontraba frente a una hamburguesería, tocando el equipo de sonido de su vehículo.
El procedimiento fue comunicado ayer de tarde ante el juzgado penal de garantías de turno, que es el que debe poner el límite de la multa al infractor, de acuerdo a lo señalado por el fiscal Villalba.
“Los policías hablaron con el joven para que bajara el volumen de su música, pero se resistió, por eso se ordenó la incautación del rodado y que el conductor sea sometido al alcotest”, relató el fiscal.
No obstante, el representante del Ministerio Público adelantó que hay un plan de volver a realizar controles preventivos de polución sonora y alcotest, en coordinación con las diferentes municipalidades del Alto Paraná.
“Hace un mes aproximadamente realizamos controles durante tres fines de semana y el resultado fue muy positivo. En esos casos, las municipalidades aplicaron multas por faltas administrativas a los infractores”, relató el fiscal.
Durante los controles encontraron vehículos con cajas con potentes amplificadores, pero sin estar en funcionamiento.
La Región X del Ministerio Público cuenta con unidades especializadas en delitos contra el ambiente, que interviene en los casos de polución sonora. Las unidades están a cargo de Sergio Villalba, Zunilda Ocampos y Nilsa Torales, quienes tienen jurisdicción en toda la región.
FLAGELO. El flagelo de la polución sonora también afecta a otros municipios del Alto Paraná, y ciudades cabeceras como Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú, explicó el abogado Fabio Arámbulo, asesor jurídico de la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná.
“Ese problema tenemos en Santa Rita, San Alberto y en menor escala en Yguazú. Hay un proyecto de trabajo interinstitucional con el Ministerio Público, pero se truncó un poco porque en las instituciones hay demasiados cambios y los nuevos vienen a veces con otras directivas”, afirmó Arámbulo.
