Una serie de reportajes especiales publicados por este diario en sus ediciones del domingo y el lunes, han sacado a luz el caso del ciudadano Emilio Félix Cricera Evaly, quien ha podido descubrir en base a testimonios y documentos que en realidad su nombre verdadero es Jorge Luis Gómez Arena, y que quienes lo criaron como sus supuestos padres biológicos en Buenos Aires, el argentino Emilio Cricera y la paraguaya Celia Nilda Evaly, se apropiaron ilegalmente de él, siendo un bebé con apenas 8 meses de vida, del Hogar Infantil Santa Teresita, en Asunción, con la complicidad de personas del entorno del gobierno stronista.
A Emilio le ha llevado más de 30 años empezar a descubrir en la Argentina que tenía otros padres, otro nombre y otra historia, en el Paraguay. Hoy reclama a través de una demanda ante la Fiscalía de Derechos Humanos que el Estado paraguayo le devuelva su verdadera identidad y principalmente que responda sobre el paradero de su verdadera madre, llamada María Olga Gómez, desaparecida tras haber estado presa en la temible Comisaría Tercera y en la cárcel del Buen Pastor, luego de que a su madre (la abuela de Emilio/Jorge Luis) le habían dicho que tanto el bebé como su madre habían fallecido, pero nunca explicaron en qué circunstancias ni entregaron los cuerpos.
Ahora que se sabe que el niño está vivo, pero con identidad cambiada, tiene el derecho de saber qué pasó con su madre, así como a que le restituyan su identidad. El Estado ha firmado diversos convenios internacionales comprometiéndose a respetar y a proteger los derechos humanos, también amparados por la Constitución Nacional y diversas leyes, y se encuentra exigido a dar respuesta a los requerimientos del ciudadano Cricera Evaly o Gómez Arena.
Este primer caso de un bebé apropiado ilegalmente confirma el desprecio que los jerarcas del poder tiránico tenían con respecto a la vida de sus conciudadanos, hecho que aún un sector de la sociedad paraguaya insiste en negar, a pesar de la abundante documentación sobre hechos de torturas, detenciones ilegales, persecuciones políticas, destierros, asesinatos por terrorismo de Estado y desapariciones, que existen en el llamado Archivo del Terror, en el Museo del Poder Judicial, y por los miles de casos documentados en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
Devolver la identidad a quien hoy la reclama, ayudar a responder sobre el paradero de su madre desaparecida y contribuir a reparar tanta injusticia es una responsabilidad que el Estado no puede eludir. Por sobre todo debe servir para forjar una cultura democrática que no permita nunca más el retorno de un régimen tiránico y liberticida.
