Casualidad o causalidad: Durante el inicio del proceso sumarial, la representación legal del Ministerio de Salud Pública (MSP) ofreció pruebas y testigos –entre ellos Arnaldo Giuzzio, Rocío Vallejos, Kattya González y Pablo Seitz– que tuvieron que ser rechazados por el juez instructor por presentarse fuera de tiempo.
La parte acusadora presentó 14 días después sus pruebas, cuando que la ley de sumarios administrativos establece un plazo de tres días, posteriormente a la apertura del expediente. “Es importante señalar la grave negligencia en que ha incurrido la abogada Dolly Leiva, representante del MSP, quien ofreció sus pruebas de forma extemporánea”, expuso el abogado Ricardo Lugo, quien ejerció la defensa técnica de tres sumariados, con referencia a los testigos señalados más arriba, a los que se sumaba una funcionaria de la Contraloría General de la República (CGR).
El extenso escrito conclusivo del sumario, en el que se recomienda la suspensión temporal de los funcionarios del MSP, implicados en la compra de insumos chinos, revela una serie de hechos que, para empezar, contradicen la versión sostenida por el ministro Julio Mazzoleni –sobre que se arrimaron todas las pruebas habidas y por haber– y, al final, dan cuenta de que el dictamen del juez instructor estuvo basado solo en las observaciones formuladas por la CGR.
“Ante esta orfandad probatoria, el Ministerio pretende que el juez instructor considere las observaciones de la CGR como una suerte de ‘verdad magnánima’, como un veredicto irrebatible que no acepta ningún tipo de discusión, reduciendo la labor del juez a un mero pasapapeles”, cuestionó.
En dicho informe, se puso en evidencia la contravención de los dictados para las compras públicas, reguladas por normas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Pero esa transgresión se hizo en nombre de la Ley de Emergencia Sanitaria, ante el asedio del nuevo coronavirus, cuya reglamentación suscrita por el propio ministro habilitaba a “procesos simplificados” y a que se puedan “utilizar todos los mecanismos administrativos necesarios para la obtención de insumos, medicamentos”, etc. Esto es, claro está, en el marco de las contrataciones por vía de la excepción ante la “urgencia impostergable” por el Covid-19.
En efecto, los sumariados alegaron en su defensa que ellos se remitieron a seguir las directrices de sus superiores en un contexto minado por la incertidumbre y la premura.
En su alegato, el defensor dejó constancia de que la propia cartera sanitaria buscó justificar ante la Contraloría los cuestionamientos sobre irregularidades en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), entre otros. “La representante de la parte actora se limita a reproducir un informe de la CGR, donde supuestamente se habían formulado dichas ‘observaciones’ al proceso; pero ello no significa que exista violación a la ley, sino que simplemente fueron objetadas según ‘el criterio’ de los funcionarios ‘evaluadores’ (que) realizan sus apreciaciones de manera absolutamente subjetiva; puesto que según su ‘propio criterio’ rechazan los descargos formulados por el MSP y esbozan supuestos incumplimientos de PBC”, sostuvo el abogado.
Como corolario y para poner punto final al expediente, el Ministerio de Salud solicitó al juez instructor la suspensión por 30 días sin goce de sueldo de los cuatro funcionarios sumariados, ya que “no hubo daño patrimonial” y “no se configuran situaciones para una destitución”, en palabras del propio ministro Mazzoleni.