Así afirmó el abogado Theodore Stimson, especialista en derecho administrativo, y dijo además que la ahora ex contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recurrió a instancias que no corresponden.
“Mota le ganó la ofensiva al Estado paraguayo al tomar la iniciativa y entablar acciones (de dos arbitrajes) que eventualmente pueden condenar al Estado.
Esto por pedir primero ante tribunales extranjeros que pueden simpatizar más con un inversor extranjero que con un estado kleptocrático conocido por su bajo nivel de seguridad jurídica, falta de transparencia, y alta corrupción”, expresó el profesional.
Recordemos que la firma portuguesa recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington, Estados Unidos, y además solicitó al MOPC para que se lleve a cabo otro arbitraje en Chile, con las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuya oficina central está en París, Francia.
Sobre el punto, Stimson resaltó que dichas demandas no corresponden, ya que Mota Engil debía entablar la demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), con sede en Asunción, lo cual fue pautado en el contrato.
“La Procuraduría debe interponer incompetencia de jurisdicción ante Tribunal arbitral extranjero, aunque en materia arbitral rige principio kompetenz kompetenz, es decir, el Tribunal resuelve sobre su propia competencia, y rechazar”, aseveró.
SOLO USARON DIRECCIÓN DE OCHO A. El abogado insistió que el arbitraje internacional debió hacerse en Asunción y ante CAMP, debido a que Mota no tenía establecimiento permanente real en Paraguay, al momento de la firma del contrato, por lo que solo su ex subcontratista –la firma local Ocho A– puso dirección, y firmó un ciudadano extranjero por la multinacional.
“La sede de Asunción no priva de carácter internacional al arbitraje, igualmente es internacional, porque una de las partes es una empresa extranjera que firma mediante apoderado general, solo se consigna el domicilio de la subcontratista Ocho A, y no se consigna domicilio de la sucursal de la multinacional extranjera, por lo que no tenía establecimiento permanente en el país, al momento de la firma del contrato, y acordó como sede arbitral Asunción, pero bajo reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral por sus siglas en inglés)”, aseveró.
El 1 de abril del 2016 el MOPC y Mota Engil firmaron el contrato del Metrobús y en la misma se estableció que la firma local Ocho A, de Luis Pettengill, debía ejecutar las obras como subcontratista. Empero, llamativamente, la firma abandonó las obras por razones que nunca se dieron a conocer y su salida del proyecto ni fue tocada en la auditoría que elaboró el MOPC.
