El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se reunió este lunes con autoridades de la Cámara de Diputados y un grupo de gobernadores a fin de buscar apoyo para un proyecto de reforma de leyes con el que pretende reforzar el combate al crimen.
Moro reiteró en una rueda de prensa que el proyecto apunta a endurecer la acción contra la delincuencia organizada, la corrupción y los crímenes violentos, pues todos están vinculados, en la visión del Gobierno que preside Jair Bolsonaro.
“Todo tiene que ser atacado en conjunto, pues la delincuencia organizada usa a la corrupción para ganar impunidad y está vinculada a la mayoría de los homicidios“, que en su mayoría tienen relación con asuntos de drogas, declaró el ministro.
Unos de los puntos del proyecto, que será presentado en breve al Congreso, será darle forma de ley a una jurisprudencia aprobada en 2016 por la Corte Suprema, que autoriza a encarcelar a un reo que ha sido condenado en segunda instancia, pese a que la Constitución dice que eso solo puede ser cuando se agoten todas las apelaciones.
Ese asunto ha generado diversas polémicas, sobre todo después de que el propio Moro, entonces juez, ordenara en abril pasado llevar a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando una corte de segunda instancia ratificó la pena que le había impuesto el propio ministro por corrupción, cuando aún le restaban recursos.
Moro dijo que esa alteración es fundamental no solo para la lucha contra la corrupción, sino también contra las mafias, pues el proceso penal debe concluir en un plazo razonable, ya que de otro modo se refuerza la sensación de impunidad.
Según el ministro, la propuesta que será presentada al Congreso contemplará la posibilidad excepcional de que un tribunal decida postergar el inicio de la ejecución de la pena tras una condena en la segunda instancia, en función de las particularidades del caso.
Otro punto importante, de acuerdo con Moro, plantea contemplar como delito penal todas las operaciones de Caja B en campañas electorales, ahora consideradas infracciones y castigadas con sanciones pecuniarias.
“Evidentemente, si eso fuera aprobado, no podría ser aplicado en forma retroactiva“, aclaró el ministro, con relación a dudas sobre la existencia de “Caja B” por parte de diversos partidos políticos en las elecciones de octubre pasado.
El proyecto también propone autorizar las llamadas “operaciones encubiertas” de los agentes policiales. EFE