EFE
La Paz
En enero pasado, el mandatario reveló que había un “debate profundo” en el gobierno “para ver cómo nacionalizar Entel”, la mayor telefónica boliviana, en la que Telecom tiene la mitad de las acciones y la gestión.
No se hizo esperar el decreto que dio vía libre al proceso, que fue emitido el 2 de abril y creó una comisión ministerial encargada de negociar con Telecom.
La norma establece que las tratativas para estatizar Entel deben dar fruto mañana, 1 de mayo, primer aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos, fecha elegida también por el gobierno para crear la nueva Empresa de Telecomunicaciones de Bolivia (Entelbo).
Pero el proceso no ha sido tan sencillo como pensaba Morales.
El gobierno boliviano acusó a la empresa de intentar “burlarse” del país al colocar en la mesa de diálogo a un abogado que participó en la privatización de Entel, cuyo control parcial asumió en 1996 la italiana Stet, que luego vendió su participación a Telecom.
Después, los ejecutivos de la compañía solicitaron celebrar las negociaciones fuera de Bolivia para evitar supuestas presiones, pero el gobierno lo rechazó de plano.
Tras esas fricciones, Morales “atacó" con otro decreto que permitió al Estado controlar el 47 por ciento de las acciones de Entel, que teóricamente pertenecían a los bolivianos (el restante tres por ciento es de los trabajadores de la telefónica y de algunos inversores privados).
NACIONALIZACIÓN MINERA. Entre tanto, Morales ha puesto el freno en la también prometida nacionalización minera.
Lo único que ha llevado a término hasta el momento es el control estatal de la fundidora Vinto, filial de la suiza Glencore, concretado en febrero pasado con un acto de marcado tinte propagandístico en la ciudad andina de Oruro, durante el cual el ejército ocupó la planta. Glencore reclama una indemnización por Vinto, pero Morales replica tajante que esa firma solo recibirá una compensación si demuestra “documentalmente” que invirtió en la fundidora más de lo que pagó por ella en 2005 al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Morales también usó tropas del ejército en mayo de 2006 para dar imagen de fuerza al anunciar la nacionalización de los hidrocarburos, pero esa medida, según algunos críticos, se quedó en una simple reforma tributaria para las petroleras, porque no le ha expropiado nada.
Tampoco ha promulgado un muy anunciado decreto para que el Estado asuma el control absoluto de todos los recursos mineros de este país de 9,5 millones de habitantes y un 1,1 millones de kilómetros cuadrados.
Lo mismo pasa con la también anunciada campaña para nacionalizar, aparte de Entel, otras compañías mixtas con socios extranjeros, a los que se acusa de corrupción o de incumplir las inversiones prometidas.
Varias compañías “nacionalizadas” en mayo de 2006, como dos refinerías de la brasileña Petrobras y las mixtas Andina y Chaco, filiales de la hispano-argentina Repsol YPF y British Petroleum, respectivamente, siguen en manos de las multinacionales pese a los anuncios y decretos de Morales.
Nuevos obstáculos en el camino
Nuevos obstáculos impiden poner en vigor los 44 contratos firmados con 12 petroleras hace seis meses, pese al deseo del presidente Evo Morales de tenerlos listos para mañana, cuando celebrará con un acto de masas el primer aniversario de la nacionalización. La notaria encargada del caso, Ruth Villarroel, declaró que necesita incluir el dato del arancel en los protocolos, pero que no pueden ser impresos hasta que las empresas hagan el depósito reclamado por la Prefectura.
“Si quieren que las empresas no paguen, que hagan una norma para fijar un arancel cero, pero yo necesito cumplir con los exigencias de la Contraloría”, dijo Villarroel.