El miembro de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Joaquín Fernández, en conversación con Monumental 1080AM, expresó preocupación por la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la falta de previsión presupuestaria para el resto del año.
El empresario afirmó que técnicamente, el MOPC ya no cuenta con recursos para nuevas obras. “Suponiendo que el Ministerio se pone al día con la cuenta pendiente, a partir de hoy prácticamente no puede pagar lo que se haga en marzo, abril o mayo”, explicó.
Por otro lado, el integrante de Cavialpa señaló que la paralización de obras no es una medida de presión, sino que es una necesidad por inconvenientes financieros. “Las líneas crediticias de las empresas están agotadas. No hay forma en que las obras sigan”, agregó.
Desde el gremio vial reclaman una definición clara del Gobierno, respecto a lo que será el futuro del sector.
“Necesitamos saber cuál es la idea del equipo económico. No podemos ir para adelante como si no pasa nada. Tenemos contratos que nos obligan a cumplir cronogramas, pero por otro lado no están previstos los recursos”, expresó.
Joaquín Fernández dijo que las constructoras experimentan una gran incertidumbre, ya que el Gobierno, a través del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, no da señales de solución.
“Las empresas no sabemos si parar las obras o seguir. Es una realidad que no hay una información sobre el plan que tiene el Gobierno al respecto. Necesitamos de una solución”, dijo.
OBRAS PARAN. Hasta el momento, el cese de pagos a las constructoras por parte del Estado desencadenó en la paralización de 7 importantes obras impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Los atrasos en los pagos por las obras públicas que superan los USD 400 millones hasta la fecha.
Para la regularización de los pagos, desde Cavialpa plantean elevar el déficit fiscal de tal suerte que se puedan utilizar los recursos de créditos disponibles. Para esto, se requiere modificar el PGN 2026 y elevar el tope de déficit fiscal mediante una ley del Congreso.
