El documento fue recibido por Obras Públicas en la tarde del jueves y ahora está siendo analizado por la Comisión de Evaluación que involucra a cuatro instituciones, además de la Procuraduría General de la República.
“Las recomendaciones de un órgano como el de la Contraloría van a ser acatadas. Previamente se hace un análisis exhaustivo y minucioso de la documentación”, explicó la directora de Proyectos Estratégicos del MOPC, Claudia Centurión, en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
La funcionaria admitió que no hubo precalificación de empresas, pero argumentó que la ley de Alianza Público Privada deja este proceso a criterio de la administración contratante.
En la misma emisora, el contralor aclaró que, si bien la ley otorga potestad de precalificación al contratante, el decreto reglamentario dispone su obligatoriedad. Reconoce que hay un problema de coherencia del orden jurídico, pero que al investigar el hecho, por la complejidad del proyecto, la institución recomendó la cancelación del proceso licitatorio.
Explicó que hay dictámenes vinculantes y no vinculantes de la institución y que en el caso de la APP todavía hay dudas porque es una ley nueva. “Esperamos que la recomendación se acoja porque nuestra convicción nos indicó recomendar, pero el Ejecutivo tiene la decisión en sus manos de hacerlo o no hacerlo”, agregó.
García fue designado en la Contraloría a fines del 2016. Anteriormente se desempeñaba como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción y durante el Gobierno de Fernando Lugo fue procurador general de la República.
Su cargo es resultado de un pacto entre diputados de Avanza País y los cartistas que colocaron como subcontralor al colorado Camilo Benítez.
