La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría gubernamental, canceló esta semana las personalidades jurídicas de varias organizaciones, entre ellas, la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta. Hasta el momento, se desconoce quiénes podrían hacerse cargo de los hogares de asistencia a personas en estado de vulnerabilidad que fueron creados por estas religiosas católicas.
Además de la citada Orden, también fueron canceladas por el Gobierno de Daniel Ortega, unas 100 oenegés de diferentes ámbitos.
Las Misioneras de la Caridad, creada el 16 de agosto de 1988 durante el primer régimen sandinista (1979-1990) tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta, mantenía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas y un asilo de ancianos, que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio.
La disolución de las 101 ONG fue aprobada con carácter urgente y sin debate por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 15 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y uno se ausentó.
La ilegalización de las Misioneras de la Caridad y de las otras 100 ONG fue propuesta por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, a petición del Gobierno marxista del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación.
Trabajos de las religiosas
Las Hermanas de la Caridad administraban el Hogar Inmaculado Corazón de María en la ciudad de Granada, en el que albergaban a adolescentes abandonados o víctimas de abusos, a quienes les brindaban ayuda sicológica y educación integral.
Junto a las clases regulares, enseñaban música, teatro, costura, belleza y otros oficios para que se pudieran reinsertar en la vida.
Asimismo, contaban con un asilo de ancianos en Managua, a quienes les proveían alimentación, vestimenta y otros cuidados.
También desarrollaban un proyecto en el que brindaban reforzamiento escolar a estudiantes en situación de riesgo, en su mayoría hijos de mujeres trabajadoras de los mercados populares.
Además tenían una guardería en la que cuidaban a decenas de niños de familias de escasos recursos, cuyos padres –principalmente madres solteras y vendedoras en los mercados, ambulantes, o por cuenta propia–, no tienen para pagar por el cuidado de sus hijos.
Esas obras benéficas comenzaron a ser suspendidas gradualmente desde el pasado 15 de junio, cuando fueron notificados por las autoridades que los iban a cerrar.
Argumentos del Gobierno
Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro de la cartera de Gobernación, las Misioneras de la Caridad incumplieron “con sus obligaciones” conforme la ley que los regula, y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Además, el Gobierno señala que las Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil u hogar de niñas o asilo de ancianos, ni tenían permiso del Ministerio de Educación para realizar el reforzamiento de aprendizaje.
Por otro lado, asegura que la organización no reportaba activos fijos, ni sus actividades de su sede en la ciudad de Granada (suroeste): Hogar de niñas, comedor, guardería y reforzamiento de aprendizaje.
Asimismo, el régimen de Daniel Ortega, asegura que los saldos de ingresos por donaciones no coincidían con los reportados en los informes presentados, y no presentaron contabilidad formal de su patrimonio con sistemas contables generalmente aceptados, de acuerdo con la información oficial.
Otro motivo para disolver esa ONG, alegó el Ministerio de Gobernación, es que la Junta Directiva estaba integrada únicamente por ciudadanas de otras nacionalidades, y la nueva ley que los regula, en vigor desde hace dos meses, establece que solo el 25% de las personas que integran la directiva pueden ser extranjeras.
Ortega ha disuelto 758 organizaciones
Además de las Misioneras de la Caridad, fueron disueltas la Asociación de Reporteros Gráficos de Nicaragua, Asociación de Obreros Bananeros de Occidente Afectados del Nemagón, Fundación Maternal “Mi infancia”, Asociación para el Desarrollo de los Niños y Niñas Nicaragüenses, Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Niños y Mujeres Abandonadas, entre otras.
Con esas nuevas 101 asociaciones sin fines de lucro se elevan a 758 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) –de más de 6.000– cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo nicaragüense.
Estas medidas son promovidas por el Gobierno desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular –originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social– calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
