El Senado acaba de darle media sanción a la nueva ley del servicio diplomático. El imponente tesón de la senadora Lilian Samaniego, principal propulsora del proyecto, arrolló las voces discordantes. Esta vez no hubo, como ocurrió en un intento anterior, ni audiencias públicas ni suficiente debate sobre sus consecuencias.
Sin embargo, estas serán gravosas.
El Poder Ejecutivo podrá incorporar “por única vez” al escalafón diplomático a unos 160 funcionarios de la Cancillería, lo que implicaría un aumento de cerca de dos millones de dólares anuales en el presupuesto de dicho Ministerio.
Mediante un hábil juego de palabras y conceptos, el proyecto busca el ingreso de funcionarios a rangos elevados sin concurso y sin necesidad de pasar por la Academia Diplomática.
Si bien no se elimina el ingreso por concurso al escalafón diplomático, se permitirá el acceso sin esa exigencia al escalafón administrativo y técnico a personas que estarán habilitadas para cargos propios del servicio diplomático. La integración de la Junta de Calificaciones con representantes ajenos a la carrera diplomática abre las puertas a conocidas prácticas poco transparentes a la hora de decidir ascensos, rotaciones y traslados.
De aprobarse esta ley se producirá una grieta inquietante por la que se introducirán recomendados politiqueros y operadores partidarios. El proyecto solo prohíbe las actividades político-partidarias en la “sede de la Cancillería Nacional y de las misiones diplomáticas y consulares en el exterior”. Es decir, fuera de esos lugares, nuestros diplomáticos podrán hacerlo libremente. Si, pese a estar prohibido, algunos igual actuaban de hurreros, imagínese el carnaval que esta modificación permitirá.
Es el comienzo de la destrucción de una de las pocas políticas de Estado que este país de instituciones gelatinosas había logrado preservar. El ingreso a la Función Pública en el servicio exterior a través de un sistema competitivo y sin influencias partidarias fue un cambio gradual y silencioso iniciado en 1999. Raúl Cubas promulgó la Ley del Servicio Diplomático que instaló la obligatoriedad de un concurso público para integrar los cuadros de la diplomacia paraguaya, desterrando la posibilidad de que políticos accedan a la función consular.
La norma recién se empezó a cumplir al final del periodo de Nicanor Duarte, se fortaleció durante el gobierno de Lugo y fue respetada —con frecuentes y sonadas excepciones— por Federico Franco, Horacio Cartes y, hasta ahora, Mario Abdo. Pudo consolidarse así un incipiente proceso de profesionalización a través de cursos, publicaciones, estudios de idiomas y concursos de oposición y méritos. Si los políticos no intentaron antes derogar esta ley fue solo porque algunos de sus artículos nunca se cumplieron y pudieron llenar los consulados con sus operadores.
La persistencia de estos defectos —y de otros, como el nepotismo y el hábito de posaderas pesadas— no es justificativo para volver a un pasado lamentable de clientelismo y mediocridad que nos avergonzaba internacionalmente. Bajar la vara de exigencias a quien aspira ser un funcionario de las relaciones exteriores paraguayas sería un retroceso lamentable.
Sería volver a incurrir en el error del pasado reciente cuando la afiliación partidaria tenía más peso que la preparación académica.
Una mayoría de senadores ha dado su voto a un proyecto de ley que nos devolverá a un pasado del que estábamos saliendo con dificultad y esfuerzo. Lo irónico es que hay opositores entre ellos.
Es increíble que no perciban que quienes impulsan este proyecto modernizador tienen inocultables intereses electoralistas. Muchas veces fue la Cámara de Senadores la que impidió que pasaran leyes nefastas. Es curioso, pero ahora son los diputados los que pueden evitar que lo aprobado por aquellos se convierta en penosa realidad.
