El único y certero disparo que recibió desde atrás y la brillante foja de servicios en la lucha contra el ACA y el EPP que tenía el asesinado comisario Rufino Acosta Gill dieron pie a que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sospeche de la existencia de un plan para eliminar al mencionado policía.
Ayer, a su salida del Palacio de López, el secretario de Estado habló de la posible filtración de datos respecto al operativo en el cual murió, la semana pasada, el subjefe antisecuestro, comisario Acosta, en Capitán Bado, Amambay.
El crimen se dio en la prosecución de las investigaciones, tras el secuestro y la liberación del empresario Silvino Villalba, y un empleado suyo, quienes fueron liberados horas después de su captura en Capitán Bado, previo pago de 50.000 reales.
Acosta llevaba años de servicio en el departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, y estuvo también en la Fuerza de Tarea Conjunta, logrando el desmantelamiento de la Agrupación Campesina Armada (ACA), así como en incursiones exitosas contra el EPP.
Villamayor manifestó que no se descartan filtraciones sobre el operativo que derivó en el enfrentamiento. “Lo que levanta sospechas es que el disparo vino de hacia atrás, de un quinto hombre”, señaló.
“Al hablar del quinto hombre, significa que cuando se procede a la persecución sale un delincuente por cada puerta de la camioneta. Acosta sigue a uno de ellos y no advierte que en la camioneta se queda un quinto hombre, quien, al descender, realiza el disparo desde atrás”, explicó.
El disparo que recibió Acosta fue detrás de la cabeza, el cual lo mató de manera casi instantánea, según el médico forense Pablo Lemir.
Villamayor anunció que se realizará un reconocimiento oficial al comisario Acosta.
La fiscala Katia Uemura imputó a los detenidos por el caso, y la jueza Sady López ordenó la detención preventiva de Plácido González Ariste, Crispín Ferreira, Rafael Benítez Dos Santos y Cecilio Candia Casco. La imputación es por homicidio doloso, asociación criminal, resistencia y trasgresión a la Ley de Armas, entanto que Marcelino Ferreira Chávez y Mercedes Insfrán Gómez están procesados y en prisión por homicidio doloso en grado de complicidad y frustración de la persecución y ejecución penal.