El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, habló de la necesidad de realizar una investigación que permita saber la verdad respecto a la masacre de Curuguaty, donde murieron 17 personas el 15 de junio de 2012.
Lo hizo durante una audiencia con la activista Guillermina Kanonnikoff que lo visitó en su primer día al frente de la secretaría de Estado. “No tenemos derecho a dejar un tema abandonado. El problema se debe resolver y ese es nuestro trabajo”, dijo a la 1020 AM luego de la reunión.
También habló de la posibilidad de recuperar las imágenes de la cámara del helicóptero Robinson 44 que sobrevoló Marina Cué y que podría despejar varias dudas acerca de la investigación. “No sé si es posible recuperar, pero voy a poner todo mi empeño en buscar. Han pasado muchos años y no puedo saber si está el material borrado, las cámaras destruidas. No puedo saber”, afirmó.
En el 2012, las autoridades policiales habían dicho que las cámaras no pudieron grabar lo ocurrido por un desperfecto técnico.
Por su parte, la abogada que luchó por la libertad de los campesinos que fueron condenados por este hecho se mostró esperanzada luego de hablar con Villamayor.
“Hablamos de la necesidad de que la liberación (de los campesinos) no signifique la impunidad. Es consciente de que los verdaderos responsables todavía están ocultos. No conocemos sus rastros. Hay mucho por trabajar”, expresó.
Kanonnikoff también se expresó sobre la necesidad de lograr una mayor presencia del Estado, en la zona en Marina Cué, la tierra donde se encuentran los campesinos. “Ellos están ocupando este predio que todavía tiene su tiempo para resolverse, por más que sabemos que son tierras del Estado Hay que dar el trámite legal que corresponde. Tenemos una escuelita con 87 niños que no tienen acompañamiento, sin agua, electricidad con maestros ad honorem”, agregó.
La Conferencia de Religiosos del Paraguay es la que está colaborando para pagar el combustible de los maestros servidores, según expresó.
día fatídico. La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia del desaparecido ex senador colorado Blas N. Riquelme.
Murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
El 15 de junio del 2017, tras la sentencia firme de los 11 campesinos, los abogados defensores habían presentado un recurso de casación al Tribunal de Apelaciones que se hizo lugar el pasado 26 de julio y se revocó la condena por lo que los 11 campesinos recuperaron la libertad.