Tras el cierre de las actividades por la Semana de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizada por el Ministerio de Justicia, la ministra Cecilia Pérez reflexionó sobre los obstáculos y desafíos que aún faltan por desarrollar a 7 años de la promulgación de la Ley de acceso a la información.
“Nos queda mucho por recorrer y nos falta una cultura de prevención de gastos, cada miembro del Estado u organismo del Estado tiene que saber que cuando toma una decisión tiene que tener los argumentos para refrendar esa decisión, porque en algún momento va ser interpelado por la ciudadanía. Es ahí donde encontramos muchos obstáculos que regatean la información”, afirmó la secretaria de Estado, cuya cartera es la encargada de la coordinación de la ley del acceso a la información pública dentro del Poder Ejecutivo.
La ministra resaltó que las informaciones que más se solicitan son de gastos y salarios de funcionarios. Al respecto, explicó que “todas las entidades públicas deben publicar los salarios de sus empleados de manera regular y deben ser actualizados, pero en esto es lo que más se incumple”.
Esta situación es monitoreada por la Secretaria de la Función Pública, que es la encargada del control y sanción a las entidades estatales que incumplan. Las sanciones son multas administrativas que se le aplican a la máxima autoridad institucional, pero solamente se aplican en el caso de la no publicación de los salarios, no así por otro tipos de informaciones públicas.
DESAFÍOS. La ministra resaltó que uno de los principales desafíos es la conformación de un consejo o un tribunal administrativo que actúe de mediador ante un pedido sobre una información puntual con la entidad estatal. Esto, de manera a que el pedido no se realice vía judicial, teniendo en cuenta todos los trámites que esto conlleva. “Tenemos muchas solicitudes que no son respondidas o son respondidas de manera clasificatoria o ineficiente, o sea no se da toda la información o no se cumplen en la entrega en los plazos”, indicó.
Sobre el punto, resaltó que “como órgano coordinador no tenemos una facultad de generar sanciones. Es decir que nosotros no tenemos formas de obligar a los organismos del Estado a que dicten una resolución, entregando la información de manera satisfactoria y tampoco tenemos un esquema de sanciones”.
Por ello, la ministra manifestó que en base a experiencia de otros países, se está trabajando en distintos mecanismos a ser incorporados, de tal manera a generar una fase intermedia y evitar llegar a la judicialización para acceder a informaciones.
Binacionales
En el caso de las binacionales, la ministra Pérez mencionó que ellos también deben hacer públicas todas las informaciones en materia de transparencia. “La ley esta expresamente establecido a las entidades pública y ellos tienen que dar la información y deben generar disponibilidad. Es decir, la información que yo te doy a vos, cuando vos me pedís, esa misma información yo tengo que hacer disponible para que todos puedas acceder a la misma información”. En ese sentido, recordó que a la Itaipú le llamaron la atención por esta situación, ya que dieron una información a una persona, previa judicialización, pero no lo hicieron público desde su página. Respecto a Yacyretá, la ministra fue tajante y afirmó que “tuvo un dictamen desfavorable y pese a que un caso se judicializó, no entregaron la información”.