20 abr. 2024

Ministerio de Trabajo recibió 500 denuncias de despidos

Carla Bacigalupo

Carla Bacigalupo

Ante el aumento exorbitante de la cantidad de despidos injustificados –que ya se eleva a más de 500–, a causa de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país por el Covid-19, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) decidió poner en marcha desde hoy el Servicio Rápido de Conflictos Laborales. Así lo anunció en la víspera la titular de esta cartera, Carla Bacigalupo, quien explicó el mecanismo que se pondrá en práctica para acelerar la resolución de los casos conflictivos, en que las patronales se nieguen a abonar las indemnizaciones estipuladas por el Código Laboral a los trabajadores despedidos sin causas justificadas.

Bacigalupo indicó que para la resolución rápida de los casos de despidos, se le asignarán los casos a los 30 abogados laboralistas con que cuenta la cartera, quienes se encargarán de llamar a las patronales denunciadas para solicitarles el pago de la indemnización correspondiente a los trabajadores despedidos. En caso que las patronales no respondan o no abonen lo solicitado, el Ministerio del Trabajo ordenará la fiscalización correspondiente y la posterior multa, que puede ir elevándose de acuerdo a la cantidad de faltas identificadas en cada empresa verificada.

Monto de multas. Las multas a ser aplicadas a las patronales infractoras irán de 10 a 30 jornales mínimos, que equivalen a G. 850.000 y 2.400.000, pero que podrán ir en aumento hasta llegar a montos bien elevados, pues sumarán las infracciones detectadas y más montos por cada trabajador despedido.

En caso de que las patronales denunciadas abonen lo estipulado en concepto de indemnización por despido injustificado, la cartera no procederá a la fiscalización.

Sin recursos. Bacigalupo indicó que el papel que jugará de ahora en más el Ministerio del Trabajo es fundamental, tanto para defender los derechos laborales de los trabajadores, como para evitar despidos injustificados, asegurar los montos que les corresponde cobrar a los trabajadores despedidos y fomentar el empleo después de que pase la crisis del Covid-19.

“Pero sin embargo, la realidad es que esta es una de las carteras con menor asignación presupuestaria. Tenemos nada más que 26 fiscalizadores para todo el país, por lo que necesitamos hoy más que nunca fortalecer al Ministerio como órgano rector del trabajo, de la protección y fomento del empleo y de la seguridad social”, expresó la ministra.

Fundamentó que la cartera cuenta solamente con 30 abogados laboralistas, que desde que se inició esta crisis reciben en promedio 580 llamadas telefónicas para denuncias y guía, y entre 250 a 300 correos electrónicos de consultas y denuncias. “Estamos recibiendo en promedio 70 pedidos de calificación a empresas por incumplimiento de normas de seguridad y protección, y ahora, tenemos en espera más de 200 audiencias de mediación”, dijo, lo que evidencia que se encuentran absolutamente sobrepasados.


La ministra Carla Bacigalupo anunció que recibieron 500 denuncias de despidos injustificados, por lo que intimarán vía telefónica a las patronales para que abonen las indemnizaciones.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.