“La idea de Milei es que el veto sea total. No hay ningún tipo de negociación con absolutamente nada. La decisión está tomada”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
El presidente tiene hasta diez días hábiles para llevar adelante el veto contra la reforma jubilatoria, aprobada por el Poder Legislativo en amplia mayoría, que, según el Gobierno, implicaría un gasto del 1,2 % del PBI, “obligando al Estado a contraer deuda”.
“Hay que entender el trasfondo de todo esto, que es el intento de romper el equilibrio fiscal y la gravedad de todo esto, cuando proponen un gasto sin su contrapartida de recursos”, agregó Adorni.
Las jubilaciones han sido una de las asignaciones más afectadas por el plan de ajuste del Gobierno de Milei puesto en marcha desde que asumió el 10 de diciembre pasado, aunque en marzo pasado el mandatario actualizó por decreto las pensiones, basándose en la inflación, y no mediante una fórmula que regía desde 2021.
Con una inflación del 263,4% interanual, una de las más altas del mundo, Argentina tiene al 65% de los 6,5 millones de sus jubilados bajo cobros mínimos y refuerzos de emergencia que llegan a los 305 dólares mensuales –al tipo de cambio oficial–, que representa un 82% del salario mínimo legal del país.
La ley establece una fórmula de actualización mensual que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1% para jubilados.
La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, mientras que el Parlamento puede superar esto volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas. EFE
