El pasado 16 de enero, María Ángela Buitrago, ministra de Justicia de Colombia, y Daniel Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se habían reunido, vía telemática, con los representantes legales y familiares del fiscal asesinado.
Durante el contacto, que duró alrededor de una hora, la secretaria de Estado había brindado informaciones relacionadas con las conclusiones preliminares del crimen.
“Han manifestado una serie de incógnitas, dudas e incertidumbres que, para ellos, resultan vitales conocer, y creemos que el Ministerio de Justicia, en este acercamiento tanto con el jefe director del Inpec, ha permitido entregarles algunas informaciones que pueden ser necesarias para llegar a tener algunas conclusiones iniciales”, fue lo que explicó Buitrago.
Cabe aclarar que estos datos no fueron revelados por ninguno de los familiares por una cuestión de confidencialidad.
Además, la ministra refirió la posibilidad de que comparezcan de manera virtual o presencial cada vez que la familia lo crea necesario.
“Está siempre abierta como una posibilidad de transparencia y de publicidad, pero también de entendimiento de que para esas personas es fundamental saber qué pasa con el caso”, explicó.
SUPUESTA CLÁUSULA. En contrapartida, en cuanto al avance de las investigaciones en Paraguay, se alega una supuesta cláusula para evitar reuniones oficiales.
Esto al menos fue lo que acotó el fiscal general Emiliano Rolón al Congreso, pero al mismo tiempo los familiares también reclaman avances y hasta saltaron acusaciones por la falta de acciones.
Rolón se había escudado en dar detalles sobre los avances del caso a la familia de Pecci, para no asistir a la fallida convocatoria de la Comisión Permanente del Congreso.
“Que el 21 de octubre de 2024, se logró un Instrumento de Cooperación Técnica (ICT) para la constitución de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia. A través de este acuerdo, se establece el “intercambio de información sobre elementos probatorios y materiales”, y se estipula en el convenio la reserva absoluta de la información, dado que se trata de un acuerdo de carácter reservado, cuya violación ocasionará la exclusión o terminación del ECI”, mencionó Rolón en la nota. En esa misma línea, Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, agregó que el acuerdo establece que la vulneración de la cláusula generará de manera imperativa la terminación del ECI sin perjuicio en la promoción unilateral de acciones penales. “No solo tiene una amenaza legal que sería el primer escándalo internacional por la incapacidad de sus operarios de Justicia de guardar información confidencial del caso, sino también una responsabilidad penal”, refirió para el Grupo Nación.
