12 nov. 2024

Metrobús tuvo ajustes fuera de contrato por unos USD 18 millones

La Contraloría dio a conocer la auditoría al Metrobús, que confirma la serie de irregularidades que se registraron en la frustrada obra; los desembolsos a la empresa Mota Engil alcanzaron USD 29 millones.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió ayer su informe final respecto a la auditoría realizada al Metrobús en sus tramos 2 y 3, obra impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y adjudicada a la portuguesa Mota Engil, que no llegó a concluir los trabajos.

El informe confirmó que los ajustes no contemplados en el contrato (como la zanja técnica, desagüe pluvial y otros) significaron un incremento sustancial al costo del proyecto por G. 108.802.005.390, equivalente a 18 millones de dólares.

Entre las observaciones de la auditoría figuran ajustes no contemplados inicialmente en el contrato, debido a debilidades en la planificación del proyecto. Estos cambios revelan que no se previeron la zanja técnica, la adecuación de la red de desagüe pluvial, el programa de apoyo a locales vulnerables y demás comercios, lo cual generó una suba importante en el proyecto, según expresó Ana Recalde, supervisora de la auditoría de la CGR, a ÚH.

Según el equipo auditor de la Contraloría, que halló una serie de irregularidades en cuanto a la implementación y pagos en el proyecto, “las obras estaban paralizadas y presentaban: dificultades en el tránsito vehicular; estrechamiento e indefinición de carriles; inseguridad para el tránsito de vehículos y peatones e insalubridad, por acumulación de agua y/o basura”.

Asimismo, afirma que se evidencian “deficiencias en la planificación en la falta de liberación de la franja de dominio”. El ente contralor concluyó que la “introducción de la zanja técnica” produjo un “aumento del 35% del monto del contrato” y además, el MOPC manifestó que, a cuatro años de iniciarse la obra, “el proyecto ejecutivo del sistema de desague pluvial en los tramos 2 y 3 estaban en su etapa final de elaboración”.

DETALLES. Para el análisis, el equipo auditor consideró un total de G. 104.120.648.661, que representa el 55% de los pagos hechos por MOPC. El informe señala varias observaciones, pero remarcaron que 17 de ellas deberían ser investigadas por el Ministerio Público. Los auditores tuvieron como limitación al trabajo la falta de cooperación de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes simplemente derivaron las consultas al MOPC.

CUESTIONAMIENTOS. Entre las conclusiones del informe se mencionan varios montos por los cuales la empresa portuguesa incumplió distintos puntos del contrato.

Según Contraloría, hubo desembolsos (certificado N° 29) por obras que “no cumplen las especificaciones técnicas” por valor de USD 29 millones. Asimismo, la auditoria expresa que hubo “privación a ciudadanos de beneficios económicos” por USD 85 millones, además de generar “afectación a usuarios y frentistas por el lucro cesante de sus comercios”.

Hubo gastos de consultoría “improductivos” y de “demolición” de la obra, según la auditoría. Otro punto señala el aumento del monto contractual en algunos ítems por valor de unos USD 1,5 millones (G. 9.425.088.318), al que se añade otra certificación por unos USD 355.000 (G. 2.132.901.108).

Se observó la “falta de aplicación de multa en certificados pagados por incumplimiento de metas parciales” por unos USD 2,4 millones (G. 14.500.000.000). La penalidad tuvo “un monto inferior al que corresponde” por unos USD 503.000 (G. 3.020.000.000). La certificación del MOPC, según Contraloría, por un “desagüe pluvial que resultó deficiente” llegó a unos 2,9 millones (G. 17.422.007.529).

Se constató un “incumplimiento de especificaciones técnicas” en los ítems de “carpeta de hormigón asfáltico en caliente”, de “base asfáltica porosa y adoquinada de calzadas” y otros, detallándose que los mismos no se realizaron “retenciones en los certificados pagados”, considerándose un monto inferior al estimado de unos USD 315.000 (G. 1.893.858.007).

Se halló una certificación de galerías GP2 por el MOPC por suma mayor a la requerida, además de constarse faltante de stock, por unos USD 6.000 (G. 39.307.467). Se halló una certificación (N° 30) de la “zanja técnica” del MOPC por sumas mayores de hasta USD 85.000 mil (G. 510.107.064). Se registró certificaciones (hasta N° 29) y “pagos irregulares” de unos 1,44 millones de dólares (Gs. 8.689.241.754) por registros de inspección de la “zanja técnica”.

Embed

Observaciones a investigar por la Fiscalía
Entre las observaciones a remitirse a la Fiscalía, la Contraloría destacó algunas, como el importe USD 113.799.000 por un convenio que excede el límite estipulado legalmente (observación N°7). Destaca la “falta de aplicación de multas” por USD 21.474 por atrasos al Consorcio BRT BUS (obs. N°8). Hubo ajustes por G.108.802.005.390 no contemplados en el proyecto (obs. N° 14) y pagos de G. 8.030.693.029 sin fiscalización (obs. N° 15). Se certificó por demás de G. 2.132.901.108 por incumplimiento del pliego de bases y condiciones (obs. N° 83) y no hubo multas por G. 14.550.000.000 por incumplimiento de metas parciales (obs. N° 84).

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.