Thomas Dalrymple, un canadiense que no habla español, dice que llegó al país en el 2011 junto a Steven Klaver, estadounidense, para gerenciar una mina en Paso Yobai, Guairá, que había sido comprada por un socio comercial de ellos, Dwight Romanica, también canadiense, denominada Minas Paraguay SA. Dalrymple y Klaver dicen ser agentes de inversión y que la compra de la mina, que incluyó un inmueble de 254 hectáreas donde está asentada, se hizo a nombre de Romanica, pero en representación de una empresa estadounidense del ramo, Fair Trade Acquisition Corp.
Dalrymple radicó el jueves pasado en la Fiscalía una denuncia por estafa en contra de Emilio Buongermini, ex viceministro de Minas y Energía, y presentó como pruebas copias de mensajes de texto por WhatsApp que supuestamente había intercambiado con el denunciado, que implican a este y a Eduardo Heisecke, un hombre que tendría buenos vínculos con el poder, en una historia truculenta que tendría como fin despojarles de la mina, mediante una rosca judicial.
EL CASO. Tras la compra, Minas Paraguay SA llegó a tener un conflicto con la cooperativa de mineros de Paso Yobai, que llegó a estrados judiciales. Dalrymple y Klaver acudieron a pedir ayuda a Buongermini, por entonces viceministro de Minas y Energía, quien les presentó a Heisecke para que les ayudara a solucionar el problema porque “tenía muy buenos contactos y porque trabaja en negocios con gente de alto nivel del Gobierno”, cuentan Klaver y Dalrymple.
“Heisecke nos dijo que no nos preocupáramos porque podíamos arreglar el tema; nos dijo que iba a contactar con abogados y que iba a manejar el tema para nosotros”, dicen y agregan: “Allí también nos presentó al abogado Blas Velázquez Fernández, que trabaja para Eduardo, quien nos dijo que iban a sacar el caso de donde está y que iban a llevar a Quiindy para poder controlar el proceso”. Los abogados Ana Mora de Ramírez y Óscar Fabián Ramírez fueron contratados para defenderlos. “Hicimos un acuerdo con Heisecke que íbamos a traerle la plata para pagarle a Blas y a esos dos abogados y él manejó el tema para nosotros”, añaden.
Mora de Ramírez y su hijo, Óscar Fabián Ramírez, iniciaron en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Quiindy, a cargo de la jueza Clara Raquel Isasi, un juicio para poner fin al conflicto que Minas Paraguay mantenía con los mineros de Paso Yobai. “Casualmente”, la jueza resultó ser la esposa del abogado Blas Velázquez Fernández, vinculado a Heisecke, según confirmó Mora de Ramírez. A menos de 15 días de entender en el juicio, la jueza decretó una medida cautelar que prohibió a los mineros acercarse a la mina.
Pero los mineros apelaron y volvió la preocupación, afirman Dalrymple y Klaver. “En el último momento, antes de salir la sentencia, Emilio nos dijo que teníamos que ir otra vez junto a Heisecke porque si no pagábamos 100.000 dólares los jueces iban a salir en contra de nosotros e íbamos a perder todo lo que invertimos hasta ese momento”. Según afirman, en la mina ya se invirtieron USD 7 millones, pero actualmente está paralizada.
Luego de abonar los cien mil dólares, la medida cautelar fue confirmada por un Tribunal de Apelaciones.
Posteriormente, Mora de Ramírez y su hijo, quienes reconocieron que son abogados de Heisecke en Paraguarí, solicitaron a la jueza de Quiindy la regulación de sus honorarios, alegando que Romanica había desaparecido del país. La jueza les fijó honorarios en 8.435.691.000 guaraníes.
En las copias de los mensajes de texto en inglés, presentadas por Dalrymple a la Fiscalía, figura el número telefónico de Buongermini, quien días atrás había desmentido la denuncia de los extranjeros, pero reconoció que contactó a los mismos con Heisecke.
En el intercambio de mensajes se lee que Buongermini le reclama a Dalrymple en reiteradas veces por un dinero que debía ser entregado a Heisecke, reclamo que presuntamente estaría ligado al pago de los cien mil dólares.