Luis Bareiro | lbareiro@uhora.com.py
** EDICIÓN IMPRESA **
La Fiscalía demostró ante la Justicia que el ex presidente de la República Luis Ángel González Macchi abrió una cuenta secreta en un banco de Suiza, a menos de dos meses de haber asumido el poder, en la que recibió más de 700 mil dólares del empresario Reinaldo Domínguez Dibb, cuya empresa Montsol SA fue adjudicada por el propio González Macchi para la explotación de la quiniela, pese a haber hecho una oferta menor en la licitación pública.
La Fiscalía demostró, además, que Domínguez pagó, entre otras cosas, la propiedad en la que González Macchi construyó la lujosa vivienda adonde se mudó tras culminar su mandato. También que transfirió fondos a cuentas habilitadas a nombre de la entonces primera dama de la Nación, Susana Galli.
UN CASO REDONDO. Nunca antes se pudo demostrar con pruebas irrefutables un caso de soborno a un presidente de la República. La adjudicación de la quiniela a Domínguez Dibb le generó al Estado paraguayo un daño patrimonial de aproximadamente 15 mil millones de guaraníes.
Sin embargo, González Macchi terminó libre de culpa y pena, y el Estado puede ser obligado incluso a correr con las costas judiciales.
La explicación de cómo un caso tan bien trabajado por el Ministerio Público terminó en impunidad se revela al observar en detalles el desarrollo del proceso que arrancó el 17 de noviembre de 2004 y terminó con un dudoso fallo de la Corte Suprema que ratificó la extinción de la causa.
En ese periodo, la defensa de González Machi, representada por su hermano, José Ignacio González Macchi, y el ahora presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Bacchetta, presentó cerca de medio centenar de recursos de apelación, impugnaciones y otros muchos recursos, con el único fin de dilatar el proceso hasta que finalmente se produjo la extinción de los plazos establecidos en la ley para la culminación de un juicio.
Las acciones de los abogados les valieron, como mucho, algunas advertencias, incluso de la propia Corte Suprema de Justicia, pero en ningún caso hubo una sanción.
MOROSIDAD. Resulta notable, además, la morosidad de algunos magistrados, que para trámites que no deberían extenderse por más de 10 ó 20 días, terminaron insumiendo meses.
El caso se yergue como una muestra notable de cómo se construye impunidad en la Justicia paraguaya.
EL MENSAJE. Como epílogo de la historia, la Sala Penal de la Corte, presidida por el ministro liberal Óscar Miguel Bajac, abrió las puertas para que la defensa de González Macchi accione contra los fiscales que investigaron el caso. En un hecho sin precedentes, establecieron que el Estado se haga cargo de las costas del juicio.
El abogado de González Macchi, su hermano, ya anunció que pretende accionar contra los agentes del Ministerio Público.
En definitiva, se trata de enviar una clara señal a los fiscales que cometen la imprudencia de investigar y procesar a personas de poder político y económico. La impunidad está garantizada.