El juez Amílcar Marecos reiteró la prohibición de manifestaciones, como quema de cubiertas y explosión de petardos a 100 metros de la sede municipal, tras un pedido realizado por la Asesoría Jurídica de la Municipalidad esteña. Los portones de la sede fueron cerradas, tras un cruce de palabras entre el intendente Miguel Prieto y funcionarios dimitidos y sindicalistas, por la contratación sin previsión presupuestaria. El incidente ocurrió cuando el grupo de ex funcionarios y sindicalistas se reunieron cerca del despacho del intendente, y Prieto salió a conversar con ellos, informándoles que se disponía la medida porque la Comuna no tenía presupuesto para sus salarios.
Prieto señaló que la Municipalidad no era un ente de beneficencia, lo que molestó a los ex funcionarios, entre ellos el ex superintendente y ex concejal zacarista Nery Jara, quienes le llamaron de mentiroso, lo que dio inicio a una discusión entre Prieto y Jara, ya que Prieto le respondió que ellos eran los mentirosos y corruptos. Jara estuvo apoyado por los miembros del sindicato, entre ellos Castorina Molinas, quienes comenzaron a abuchear al intendente.
Los agentes policiales tuvieron que interponerse en el medio para evitar agresiones. Tras el incidente, Prieto dispuso que se cerraran los portones de la sede comunal, por seguridad para los contribuyentes, de acuerdo a lo informado por RRPP.
La asesoría jurídica planteó un pedido de reiteración de la prohibición de las manifestaciones en la sede comunal ante el juez penal de garantías, Amílcar Marecos, en el marco de un recurso de amparo que ya habían planteado el 16 de febrero del año 2019.
El magistrado ordenó a la Dirección Policial del Alto Paraná resguardar y proteger la sede municipal, para garantizar la libre circulación de personas y funcionarios, según el oficio remitido a la Policía.
