CIUDAD DEL ESTE
El cierre del penal de varones de Ciudad del Este en un plazo de 3 meses y la revisión de las medidas de prisión preventiva infundadas en un plazo de 15 días es lo que recomienda el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura al Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, como conclusión de un monitoreo. La situación es igual en todas las cárceles del país, pero la de Ciudad del Este es la que tiene el mayor porcentaje de hacinamiento, que asciende al 300 por ciento. El cierre es para el ingreso, no para la salida bajo medidas de los internos, aclararon.
El pedido ingresó en Mesa de Entradas de Justicia el lunes último, debido a que en la cárcel de Ciudad del Este la superpoblación genera el ambiente para que haya tortura y otras irregularidades que no ayudarían a los internos a reinsertarse en la sociedad, una vez que consigan su libertad.
Roque Orrego, presidente del MNP, sostuvo ayer que la recomendación al MJ es que se respete el cupo de 450 internos para la cárcel de Ciudad del Este, que ayer amaneció con una población de 1.385 personas, de las cuales solamente el 10 por ciento tienen condena. El resto está con prisión preventiva.
Los funcionarios señalaron que los magistrados de garantías tienen mucha responsabilidad en el hacinamiento, ya que dictaron prisiones preventivas con resoluciones infundadas y delitos culposos, que fue calificado como una exageración.
A lo señalado se suma la morosidad judicial por suspensiones de audiencias por diferentes motivos.
No es cierto que las personas encarceladas sean peligrosas, porque hay solo 11 guardias por turno, dijo Orrego, quien señaló que el 41 por ciento está por hechos punibles contra la propiedad de las personas, que también son víctimas de la exclusión y la pobreza, y un 24 por ciento por tenencia de estupefacientes, que serían mulas y adictos, que están allí por no existir políticas públicas de salud. Entonces, los viciados son mantenidos en la cárcel, dijo.
“Estamos ante una justicia clasista, porque persigue a los más débiles, a quienes no tienen recursos para conseguir una buena defensa. Sin embargo, en contrapartida los evasores no son investigados, no hay recluidos, quienes con sus hechos están negando al Estado la posibilidad de educar y asistir a los que terminaron en la delincuencia por falta de trabajo y educación”, refirió Orrego.
