Las columnas de manifestantes de la llamada Unidad Piquetera integrada por organizaciones no afines con el Gobierno de Alberto Fernández colmaron las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires y se movilizaron a la Plaza de Mayo, frente a la casa de Gobierno y al Ministerio de Economía.
Estos movimientos sociales reclaman que el ministro de Economía, Sergio Massa, quien asumió hace una semana, los reciba para atender las reivindicaciones “urgentes” de los trabajadores desocupados y precarizados.
Y pretenden permanecer “por tiempo indeterminado” en la Plaza de Mayo hasta recibir respuestas de Massa.
“Pasada una semana de la asunción de Massa como superministro, que solo tiene superpoderes para aplicar una política de ajuste al servicio del pacto con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y enriquecimiento de la clase empresarial, no hay una sola medida para aquellos que somos los más afectados por el ajuste”, detallaron en el comunicado de convocatoria.
La manifestación se realiza el día anterior de que se difunda el índice de inflación de julio pasado, que el reporte de expectativas del Banco Central prevé en un 7,5% mensual.
La inflación argentina, una de las más altas de América Latina, registró en junio pasado una subida interanual del 64% y las expectativas de inflación para el año se aceleraron al 90,2% para diciembre de 2022 elevando las previsiones de pobreza por encima del 40%.
CONTRA LA AUDITORIA. Entre los primeros anuncios de Massa dijo que esta semana el Ministerio de Desarrollo Social avanzaría con una auditoría de los planes sociales que paga el Estado a sectores vulnerables y que son intermediados por organizaciones sociales. Las organizaciones sociales alineadas con el Gobierno de Alberto Fernández también marcharon y colmaron el centro de la ciudad de Buenos Aires el domingo pasado, contra la auditoría que quiere llevar adelante Massa y para solicitar un marco legal a la economía popular a la que pertenecen.
Para las organizaciones de izquierda, la manifestación que realizaron los movimientos sociales afines al Gobierno resultó “insuficiente para dar respuesta al ajuste del gobierno” y acusan de “pasividad” a las centrales sindicales.
En cambio, las manifestaciones de las organizaciones de izquierda se repiten casi semanalmente, contra el ajuste del Gobierno y contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual Argentina selló un nuevo programa en marzo pasado.
Esta semana, las organizaciones piqueteras retoman el plan de lucha por reclamos del movimiento de desocupados: Trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, bono de emergencia y un salario mínimo por encima del valor de la canasta básica.
gasoducto. En tanto, el presidente Fernández encabezó el miércoles la firma de los contratos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra que resultará clave para el desarrollo de la colosal formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país. Según datos oficiales, el gasoducto generará un ahorro de USD 2.200 millones anuales entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios.
Crisis en la oposición
Juntos por el Cambio, el principal frente de oposición política en Argentina, se vio este miércoles sacudido por una fuerte tensión interna entre sus dirigentes a partir de las acusaciones públicas de una de las líderes de la coalición. La crisis se desató luego de que Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica –uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio–, lanzara en diversas entrevistas duras acusaciones contra otros dirigentes del mismo frente. Entre otras cosas, Carrió acusó a integrantes de otras fuerzas de Juntos por el Cambio de manejos irregulares y, además, de tener una relación cercana con el oficialista Sergio Massa, quien hace una semana asumió como ministro de Economía y es uno de los principales líderes del gobernante Frente de Todos. ”Todavía tenemos tiempo de tener una unidad en serio, con gente decente en serio. (...) se trata de una cuestión de purificación, de limpieza”, dijo Carrió.