“Sería para reprogramar inversión física, alquileres. Nunca contestaron pedido de informes”, fue su queja hacia el Ministerio Público.
“El Congreso le reprogramó, pero llevó a contratos y sueldos, pero aparte recurre a acciones de inconstitucionalidad. Es para saber si la denuncia es cierta”, indicó.
“Es un pedido de informe para ver qué acciones de inconstitucionalidad se presentaron, reprogramando inversión física para llevar a gastos corrientes, por fuera del Parlamento”, sostuvo.
“Que se informe qué pasó. No es un pedido jurisdiccional. Es sobre acciones de inconstitucionalidad desde el 2018 a la fecha”, refirió.
“En dos casos que vimos en el presupuesto hay dos cambios que no pasaron por el Parlamento”, mencionó.
“La gente que trabaja no tiene papel; el laboratorio forense que ponen como ejemplo y lloran; hacen reprogramación para llevar a contratos. Hay que comprobar si es cierto o no”, insistió.
“Hay una denuncia aparte de lo legal, legítimo que el Parlamento autorice. Consiguen por acción de inconstitucionalidad. Sería el colmo. Espero estar equivocada, o sino cerremos este boliche”, sentenció la senadora.
En el proyecto, se solicitan detalles sobre modificaciones y ampliaciones 2018 a 2022.