En los años anteriores, la mayor parte de los escándalos se relacionaron con los recursos humanos por remuneraciones y beneficios en exceso, nombramientos prebendarios o conductas inapropiadas o deshonestas de los funcionarios públicos. Hacia allí se dirigieron las furibundas críticas ciudadana y de la prensa.
Otros casos se refirieron al gasto social ya que se lo veía como fundamento del clientelismo político, especialmente para la coerción electoral en los sectores de mayor nivel de pobreza. A medida que los servicios sociales se fueron expandiendo, esta situación se fue visibilizando en otros estratos no necesariamente empobrecidos, como son las compras de medicamentos e insumos tanto en el Ministerio de Salud como en IPS o los escándalos de corrupción en la Universidad Nacional.
En los últimos años, la mirada ciudadana se dirigió a las obras públicas, posiblemente motivada por escándalos de obras muy relevantes para el bienestar de la población como el fracasado Metrobús, brutales caídas de techos en las escuelas y la última muy publicitada, la pasarela de Ñu Guasu, por su dudosa necesidad e inusitado costo.
Si bien esta mirada no es nueva porque siempre hubo quejas sobre la calidad de las rutas, cada vez es mayor la molestia ciudadana. El cambio climático y sus consecuencias en la infraestructura y el crecimiento de las ciudades profundizaron las deficiencias y mostraron con rapidez las falencias de la mala calidad de las obras en las ciudades.
La situación se agrava en este caso debido a los grandes montos que se manejan por el tamaño de las obras que están en juego y por el ritmo de crecimiento del endeudamiento público, lo que pone en riesgo uno de los fundamentos más importantes de la economía paraguaya que es la estabilidad macroeconómica.
El sector público avanzó con la implementación de numerosos mecanismos para garantizar mejoras en la gestión pública. Una década atrás casi no se conocían evaluaciones de programas públicos. Actualmente no solo se pueden conocer los resultados de muchos de estos sino que también se cuenta con información pública, pero limitados a la política social y a los recursos humanos.
Estos pasos dados deben darse en las obras de infraestructura. Los montos que se manejan son mucho mayores, implican endeudamiento y alto riesgo de conductas ilícitas o poco éticas como las relacionadas a la colusión empresarial, sobrefacturación, incumplimientos de contratos, tráfico de influencia, conflicto de intereses, puerta giratoria, entre muchos problemas, algunos de los cuales no están aún tipificados en la legislación nacional como delitos. El país requiere con urgencia mejores normativas y un marco institucional que evalúe las obras y transparente la información.
