La sideral compensación que pretenden dar los legisladores a los ex obreros de las empresas contratistas de la Itaipú Binacional podría tener un feroz impacto en los programas estatales que se encargan de asistir a personas en situación de pobreza.
Si se hace una comparación entre los USD 940 millones que se prevé que costará la compensación a ex trabajadores y el dinero destinado dentro del Presupuesto Público 2023 a los principales planes sociales, se puede ver que 1.140.000 personas podrían ser incluidas el año próximo en Tekoporã y en la Pensión del Adulto Mayor.
De acuerdo con el informe que el Ministerio de Hacienda presentó ante la Comisión Bicameral del Congreso, el Presupuesto 2023 asigna G. 2,74 billones (USD 386 millones) a esos dos programas. Con estos fondos, el Estado proyecta asistir a 475.000 personas.
El programa de la Pensión del Adulto Mayor otorga transferencias mensuales a personas mayores de 65 años, equivalentes al 25% del salario mínimo. Tekoporã, por su parte, se encarga de brindar asistencia monetaria a personas de extrema pobreza mediante bonos alimentarios y bonos familiares, aunque los montos son variables y entregados de forma bimestral.
DÉFICIT. La enorme brecha en infraestructura física que arrastra nuestro país también se podría acortar de forma más rápida si esos USD 940 millones se destinan al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Según el Presupuesto 2023, esa cartera de Estado tendrá el año próximo USD 724 millones, monto que treparía a los USD 935 millones si el Congreso aprueba la ampliación del déficit fiscal al 2,3% del PIB. Así, se concluye que con la compensación a los ex obreros de Itaipú se podría duplicar la inversión pública en obras, con todo el impacto que trae la cadena logística del sector en el empleo.
Si la comparación se traslada nuevamente a componentes del gasto social, se puede observar que los USD 940 millones son levemente inferiores a todo lo que gastarán en el 2023 el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, USD 1.042 millones y USD 1.155 millones, respectivamente.
VETO. El Poder Ejecutivo oficializó hace unos días el veto al polémico proyecto de ley que pretendía una compensación de alrededor de USD 940 millones a ex obreros de empresas contratistas de Itaipú. El propio presidente Mario Abdo Benítez hizo el anuncio y argumentó que se trata de una propuesta completamente inconstitucional.
En su exposición, el primer mandatario señaló que si se destinara el total de lo recibido en concepto de royalties y compensaciones, que en promedio de los últimos tres años significó un ingreso anual de un poco más de USD 382 millones, el monto de la compensación se pagaría en un poco más de cuatro años.
Mario Abdo señaló que Itaipú, a pedido de la Presidencia de la República, abrió una mesa de trabajo para intentar buscar una solución. “A reclamos que pueden ser absolutamente legítimos, el diálogo tiene que ser una herramienta para la construcción de un itinerario que permita escucharnos y buscar algún tipo de alternativa”, expresó.
Según las estimaciones extraoficiales, la ley pretendía beneficiar a unas 15.000 personas. Anteriormente, el Ministerio de Hacienda ya había manifestado que veía como inaplicable esta iniciativa.
