Así lo anunció el jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, quien argumentó que el mandatario solicitó todos los informes técnicos que recomiendan la objeción total del proyecto.
“Nosotros tenemos una ley anterior que habla de las víctimas de la dictadura que coloca por delante el rol de víctima para ser acreedor de una indemnización por parte del Estado”, apuntó. Refirió que la mera presencia en el lugar cumpliendo una ley no autoriza automáticamente a que esa persona sea considerada como sujeto de una compensación por parte del Estado.
Sostuvo que este proyecto contempla que se va a indemnizar a los que estuvieron en la gesta del 2 y 3 de febrero. “No importa si recibieron un daño o no; no importa si sencillamente participaron ni en qué rol; no importa si estuvieron en frente; no importa si hay disminución a la capacidad o un daño; no importa si perdieron la vida o no”, aseveró.
Sostuvo que existe un dispendio exagerado y una compensación de esta naturaleza requiere que algo haya ocurrido en la persona.
Insistió en que una indemnización requiere de que algo haya ocurrido y que una persona haya recibido un daño. Agregó que las personas que reclaman estuvieron bajo el mandato imperativo de la Constitución o de una norma que establece los servicios de defensa de carácter obligatorio. Comentó que el Estado ya desembolsó USD 100 millones por indemnización a las víctimas de la dictadura y faltan USD 25 millones en trámite.
En relación a la indemnización a los gestores combatientes hay un cálculo por encima de los USD 40 millones, lo que generaría mayor erogación en momentos de crisis por la pandemia. Ante esto, el presidente de la República tomó la decisión de vetar la ley.