La Justicia Electoral había exhortado al presidente de la República a que vete la ley y se mantenga lo establecido en las elecciones municipales del año pasado. Los intendentes habían logrado extender su mandato por un año más a raíz de la pandemia por el Covid-19. En vez de entregar el cargo en el 2020 permanecieron hasta el 2021.
En las últimas elecciones municipales realizadas a finales de 2021 se estableció que debían permanecer hasta el 2025.
Muchos de los actuales intendentes lograron su reelección a pesar de que tener una cuestionada gestión en el manejo de los recursos públicos y en resultados en sus respectivas ciudades.
decisión política. El presidente de la República no objetó la ley a pesar del pedido que hubo de parte de la Justicia Electoral. Desde esta instancia no descartan plantear una acción de inconstitucionalidad como última medida.
Pesó la coyuntura electoral en el análisis del Ejecutivo, que tuvo una fuerte presión interna y primó la decisión política. Muchos de los intendentes y concejales están activando en Fuerza Republicana para posicionar la chapa presidencial de Arnoldo Wiens y Juan Manuel Brunetti.
Un veto podría generar un efecto negativo en este último tramo de la campaña electoral que se define en menos de 30 días.
Una mayoría en ambas cámaras del Congreso dio luz verde a la ley para modificar el periodo de mandato de los intendentes.
A instancias de la Cámara de Senadores se había aprobado por 24 votos la decisión de extender el mandato de las autoridades locales municipales hasta el 2026. Esto a pesar de que los actuales intendentes y concejales fueron votados y convocados para cuatro años, según el resultado del proceso electoral organizado por la Justicia Electoral.
Los impulsores del proyecto argumentaron que existe una desigualdad perjudicial al equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato entre uno y otro periodo de autoridades municipales, dejando a los actuales con un periodo más corto.
Inclusive, argumentaron que habría incumplimientos en la conclusión de proyectos a ejecutarse.
Los detractores de la ley consideraron que se estará violando el artículo 2 de la Constitución Nacional.
