21 dic. 2025

Marcharán frente a la Fiscalía exigiendo el fin de “los sirvientes de narcos” en la Justicia

La movilización está prevista frente a la sede del Ministerio Público este viernes, a las 18:30. Piden acudir con banderas paraguayas. Cuestionan la inacción fiscal tras desatarse el escándalo del LaloGate.

Lalo Gomes, conversaciones. png

Mensajes de Eulalio Lalo Gomes con una jueza, dos fiscalas y un diputado cartista destapan un presunto esquema de corrupción pública y manoseo de la Justicia.

Foto: Edición ÚH.

El movimiento Participación Ciudadana, liderado por la senadora Esperanza Martínez, convoca a una marcha frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que ya no existan “más sirvientes de narcos” en la Justicia, tras desatarse un escándalo con la filtración de los mensajes por WhatsApp del legislador extinto Eulalio Lalo Gomes, cuyo teléfono celular fue peritado tras su muerte.

Hasta la fecha, la Fiscalía no avanzó en el caso, tampoco se han realizado imputaciones, allanamientos o incautaciones, pese a las evidencias que revelan un esquema de corrupción pública que implica a políticos, jueces, fiscales y otras autoridades del Estado.

"¡Todos frente a la Fiscalía! ¡No más sirvientes de narcos en la Justicia! ¡Que se vayan todos! Llevemos banderas paraguayas, debemos unirnos contra la corrupción sin distinción de colores”, es el llamado que realiza la nucleación, prevista para este viernes, a las 18:30.

Esta semana, el Ministerio Público compartió “las acciones tomadas por la Fiscalía a partir de los datos del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes”, las cuales incluyen las diligencias realizadas hasta ahora por el equipo fiscal que se aboca a la investigación, tras la denuncia del juez Osmar Legal.

fiscalia marcha.jpg

El pasado 3 de febrero, la Fiscalía inició la investigación, a raíz de la denuncia del magistrado contra el Crimen Organizado.

Los fiscales de la Unidad de Anticorrupción asignados fueron Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Soledad Machuca.

Esta denuncia menciona indicios de tráfico de influencias por parte de actores importantes de la Justicia, como el ahora ex diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la hoy ex jueza Sadi López.

Estos mantenían conversaciones constantes con el fallecido diputado Lalo Gomes, y éste intermediaba para salvar a las magistradas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuando Arévalo era titular de ese órgano.

Incluso, se deja entrever, un supuesto pago para que una de las fiscalas sea salvada de la causa iniciada en su contra.

Luego de abrir esta causa en Fiscalía, el pasado 4 de febrero, el fiscal general Emiliano Rolón remitió un informe al Jurado con el objetivo de facilitar la evaluación y, de ser necesario, la suspensión de oficio de jueces y fiscales implicados.

El 5 de febrero, se ordenó un sumario administrativo a las fiscalas denunciadas, Stella Mary Cano y Katia Uemura, basado en el informe del juez Osmar Legal, a fin de investigar posibles irregularidades en las causas que ambas llevaban.

La semana pasada, el equipo de investigación retiró del Juzgado la copia espejo del teléfono de Eulalio Gomes, donde se habría evidenciado el tráfico de influencias denunciado.

Lo último, y la gota que colmó el vaso, fue que esta mañana, la Fiscalía General abrió una causa penal y designó a un equipo de fiscales para investigar al juez Osmar Legal, tras la denuncia que presentó el ex diputado Orlando Arévalo por presunto prevaricato.

Más contenido de esta sección
Solo en el mes de diciembre, el Congreso Nacional cerró un total de 25 licitaciones. Se destaca la provisión de 7 ascensores y dos minibuses para 11 personas por G. 435 millones cada uno.
El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) realizará este domingo desde las 09:00 en Coronel Oviedo su convención extraordinaria en la que se pretende eliminar la paridad política del estatuto partidario.
El titular de Petropar habría abonado en efectivo un promedio de G. 150 millones en varios gastos que excedían su capacidad financiera, de acuerdo al examen de correspondencia de la Contraloría.