Uno de los daños más recurrentes a la institucionalidad democrática es el perpetrado por quienes han sido elegidos para un cargo y luego deciden aceptar otro diferente.
Hoy tenemos diputados que le pidieron votos a sus mandantes hace menos de un año y que ya están candidatados de nuevo, esta vez para ser intendentes municipales.
Los hay gobernadores que no dudarían un instante en aceptar un cargo de ministro del Gabinete de Cartes, quien impuso –como una promesa de campaña– que rompería esa vieja tradición de nombrar a políticos electos para un cargo diferente.
Pero esto acontece en varios campos, no solamente en el político.
El nuevo rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) pretende parecerse más a un seccionalero que asumir el reto y la distinción que significan semejante cargo.
Pasó con Fernando Lugo que prefirió ser político antes que obispo o algunos senadores que aceptaron ser embajadores.
Este es un país de institucionalidad muy frágil, debido fundamentalmente al hecho de que los administradores circunstanciales de ella no tienen conciencia de la importancia y el rol que el cargo implican.
Debería existir un mecanismo legal que sancione a los mandatarios infieles, es decir, aquellos que pidieron el voto de la ciudadanía para un cargo y terminaron abrazando otro.
Tal vez eso conlleve el natural desprecio ciudadano hacia el que ocupó un cargo público que en otros países luego de haber hecho un buen trabajo terminan escogiendo opciones de empleo en empresas del sector privado.
En nuestro país, nadie contrataría a un ex ministro como miembro del directorio de una empresa y el nivel de desprecio social y familiar son tan altos que casi sobrevive como un anacoreta en la oscuridad y el olvido.
Los altos funcionarios de países como Chile o Colombia son invitados a trabajar en organismos internacionales o dar clases en universidades de prestigio para conocer desde la experiencia su conocimiento en áreas específicas.
Los nuestros saben lo que les espera y obran en consecuencia robando lo que pueden y dejando un porcentaje para los gastos de justicia cuando les toque enfrentarla.
La revocatoria de mandato que está incluida en algunas constituciones como la colombiana, es un estadio interesante donde podría dirimirse la infidelidad hacia el elector de parte de sus mandatarios estableciendo mecanismos punitorios para aquellos que se aparten de su juramento.
Si queremos renovar la cartelera de políticos, debemos parar esta silla giratoria donde da igual ser hoy rector, mañana politiquero, obispo luego, senador, pero antes presidente y concejal o intendente para mañana diputado o esté reconvertido en embajador.
La fortaleza de las instituciones es directamente proporcional al comportamiento de sus inquilinos transitorios.
Si quieren ser tratados con deferencia y respeto, eso mismo le deben a sus mandantes desde el comienzo.
