Política

Malversación de G. 36.500 millones, una de las causales de intervención

Los concejales que aprobaron el pedido de intervención de la gestión de la cartista Sandra McLeod presentaron 15 motivos para que el Municipio de Ciudad del Este pueda ser controlado.

El pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de la colorada cartista Sandra McLeod de Zacarías, cuenta con 15 causales, que durante el proceso de su tratamiento puede aumentar. Entre las causales, en la mayoría de los puntos, se destaca principalmente la falta de transparencia en la administración de la cosa pública y solamente en una de ellas se habla de una supuesta malversación de más de 36.500 millones de guaraníes, provenientes del impuesto inmobiliario.

Se menciona asimismo que, en varios periodos fiscales, entre ellos el 2018, se realizó la contratación de una empresa, Frontera Producciones, para publicidad institucional en los diferentes medios, pero que no se cuentan con evidencia de publicaciones de revistas, folletos que informen a los contribuyentes sobre las erogaciones efectuadas o que hayan sido utilizadas para la concienciación de la ciudadanía de sus derechos y obligaciones. Dicha empresa ya se llevó más de 17.000 millones de guaraníes en contratos con la intendenta McLeod.

Los concejales municipales Teodoro Mercado, María Portillo, Javier Bernal, Herminio Corvalán, Celso Miranda, Miguel Prieto y Lilian González son los firmantes del documento que ya está a disposición de los legisladores de la Cámara de Diputados, institución donde se tendrá que conformar una comisión especial para posteriormente decidir si se aprueba o no la intervención.

GRAVES DELITOS. Los ediles sostienen que como cuerpo legislativo están obligados a denunciar los hechos de mal desempeño e indicios de graves delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por parte de la intendenta. “Es un mandato imperativo como ciudadano y más aún como integrante de este cuerpo legislativo deliberante, normativo y de control, para buscar transparentar la gestión municipal. Esto se viene repitiendo en forma sistemática y temeraria en detrimento de los principios claros de derecho administrativo, leyes vigentes, normas legales y ordenanzas dictadas”, señalan en el documento entregado.

Mencionan que los puntos considerados y desarrollados en el pedido de intervención, son apenas hechos puntuales y que están seguros de que se irán sumando más, que en el proceso del trabajo del interventor podrían ser identificados y calificados como otros motivos de mal desempeño de funciones de la intendenta. Manifiestan que ante los hechos señalados, es necesaria la intervención para una mayor profundidad y análisis sobre los egresos e ingresos que realiza la Municipalidad. Recuerdan que la Comuna cuenta con medidas cautelares provenientes de la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad, que prohíbe el ingreso de la Contraloría General de la República en la Comuna para realizar el control sobre el manejo administrativo, auditorías contables, administrativa en forma más minuciosa y exhaustiva, ya que el ente municipal somete su gestión al Tribunal de Cuentas, órgano judicial que no está capacitado para realizar un trabajo serio y profundo de la rendición de cuentas de la Municipalidad.

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