¿Por qué cuesta tanto creer en la buena fe de quienes ejercen el poder público? ¿Por qué esa tendencia malsana a decantarse siempre por la peor de las hipótesis? El caso reciente de Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, es una prueba notable de ello. Les cuento.
Este buen muchacho, abogado de profesión, con un meritorio cargo de asistente en Itaipú, con un salario de cuarenta millones de guaraníes, suscribió un inocente contrato de prestación de servicios con un conocido suyo de Ciudad del Este. Y solo por ese hecho ahora hay quienes piden que su padre abandone la Corte. Una exageración a todas luces.
Amílcar firmó el contrato en la primavera del año pasado con Sharif, un conocido de Ciudad del Este, hijo de Kassem Hijazi, esforzado empresario de frontera que había sido detenido un mes antes por un pedido de extradición de Estados Unidos. Estos gringos extremistas lo acusan de lavar dinero del narcotráfico y de organizaciones terroristas.
Según el documento, Amílcar recibió 386.000 dólares para conseguirle una salida jurídica a Kassem (no se especificó en qué consistiría esta) y tenía treinta días para lograrlo; caso contrario, debía devolver el dinero. Es cierto que estamos ante un contrato muy original. De hecho, ya nos gustaría a todos que, si no conseguimos el resultado que esperamos, el leguleyo que contratemos nos retorne la plata. Pero de ahí a hablar de una coima documentada es pura maldad.
Si bien no se conoce alguna actuación destacable de Amílcar como abogado, ¿por qué deberíamos suponer que solo lo contrataron porque es el hijo del presidente de la Corte, quien por mera casualidad integra la Sala Constitucional que tendría que decidir, más tarde o más temprano, la extradición o no de Kassem? Además, ¿por qué no creeríamos en la palabra de Amílcar cuando asegura que nunca le dijo a su padre que tenía un caso que podría caer bajo su jurisdicción, un caso por el que cobraba la friolera de 2.700 millones de guaraníes?
Hay que hacer además una corrección. En realidad, este caso solo llegaría a la Sala Constitucional de la Corte si Kassem se oponía a su extradición. Y no fue así… Bueno, no era así. Kassem no se había opuesto a su extradición hasta… hasta que firmó el contrato. Y sí, es otra coincidencia. Pero, bueno, eso no prueba nada. Lo cierto es que cuando el caso llegó finalmente a la sala del padre de Amílcar, el ministro Fretes votó a favor de la extradición. Y él no sabía que su hijo había firmado ese contrato. O, cuanto menos, eso dicen él y su hijo.
Hay versiones malintencionadas, empero, que pretenden hacernos creer que Fretes ya estaba al tanto. Les explico. Quien detuvo a Kassem en Ciudad del Este en el 2021 fue el fiscal Marcelo Pecci. Marcelo fue asesinado en Colombia el 10 de mayo pasado. Dos días después, el fiscal Lorenzo Lezcano allanó la celda de Kassem e incautó varios teléfonos celulares. La versión venenosa dice que en uno de esos teléfonos estaba la copia del contrato de Amílcar y que el Ministerio Público se lo comunicó al ministro Fretes.
El documento maldito se publicó en estos días. Lezcano dijo que entregó los teléfonos al fiscal antidrogas Marco Alcaraz por orden de la fiscala general Sandra Quiñónez. Quiñónez y Alcaraz afirmaron que nunca les comunicaron nada. Ahora el Ministerio Público asegura que se desconoce el contenido de los teléfonos porque aún no pudieron revisarlos.
¿Acaso no es razonable que por “exceso de trabajo” no hayan podido revisar aún el contenido de esos teléfonos, aunque pasaran seis meses desde su requisa, y pudieran dar pistas sobre quién financió el asesinato de un fiscal antimafia?
¿Por qué algunos prefieren creer que sí los revisaron, que sí encontraron el documento, y que Fretes ya fue avisado un mes antes de votar a favor de la extradición? ¿Por qué creer que es una coima documentada, una prueba de cómo funciona la Justicia paraguaya, y no solo una serie interminable de meras coincidencias?
