La resolución afecta a Lilian Roxana Chena Sánchez, cuyo defensor, Rubén Darío Peña, requirió la revisión de medidas. Sostuvo que la misma era la empleada de la farmacia y que solo cumplía órdenes, por lo que solicitó el arresto domiciliario.
Sin embargo, la jueza entendió que subsiste el peligro de fuga y de obstrucción de la investigación. La pena, en caso de condena por el hecho, es de 4 a 15 años de encierro. Así, confirmó la prisión preventiva.
Asimismo, Sánchez hizo lugar a la autorización judicial para la extracción de los datos de 10 aparatos celulares que fueron incautados durante los allanamientos realizados a las farmacias por el Ministerio Público.